El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) aún no resuelve cómo procederá para acatar la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pero ya tiene una lista de espera.
Un total de 109 personas presentaron solicitudes para la validación de su identidad de género y nombre en sus cédulas, mientras que siete parejas del mismo sexo plantearon la inscripción de sus matrimonios ante el Registro Civil, y una más gestiona registrar su unión de hecho.
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El resultado de estas gestiones dependerá de una comisión integrada por el oficial mayor civil y la jefa de la oficina de Inscripciones– ambos del Registro Civil–, un letrado y el asesor legal del Tribunal.
Este grupo se conformó luego de que la entidad fuera notificada por parte del Gobierno sobre el criterio de la Corte IDH emitido el 9 de enero, en el cual ordena al país el reconocimiento de derechos a la comunidad LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexo).
La comisión debe proponer a los magistrados las medidas necesarias para acatar el fallo, las cuales podrían incluir cambios en protocolos, procedimientos, reglamentos o esperar por nueva legislación.
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También podrían considerar que conviene esperar el pronunciamiento de otros entes.
El vocero del Tribunal, Gustavo Román, aseguró que dichas recomendaciones serían emitidas una vez que se complete el proceso electoral, el cual concluiría el 13 de abril, con la entrega de credenciales a los nuevos diputados y al presidente electo.
De acuerdo con Román, a la comisión no se le impuso una fecha de entrega, pero se indicó que la resolución se daría al finalizar dicho proceso.
Además del TSE, la Cancillería también envió para revisión la opinión consultiva a la Dirección Jurídica del Poder Judicial, con el fin de que se elabore un informe a la Corte Plena.
Hasta no contarse con dichos criterios, el Consejo Superior Notarial les prohibió a sus agremiados realizar matrimonios entre parejas del mismo sexo.
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La orden
La opinión de la Corte respondió a una consulta enviada hace dos años por la vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón.
En su contestación, la Corte ordenó a Costa Rica y a los 20 estados que reconocen la competencia contenciosa de la Corte, garantizarles a las parejas del mismo sexo todos los derechos existentes en la legislación, incluido el derecho al matrimonio, sin discriminación alguna frente a las parejas heterosexuales.
Entre esos derechos también se incluye el derecho a que las personas cambien su nombre en los registros oficiales del Estado, según “la identidad de género autopercibida”.
Los altos jueces determinaron que el Estado debe garantizar un trámite expedito para que las personas que deseen corregir “la anotación del género”, lo hagan enfocadas a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida, basado en el consentimiento libre e informado del solicitante, sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas o psicológicas y debe ser confidencial.
Además no debe quedar constancia en los registros oficiales de que una persona modificó sus documentos a partir de su identidad de género.
Para hacer el cambio registral, no es necesario que una persona acredite haberse sometido a cirugías ni tratamientos hormonales, dijo la Corte.
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Tras conocer el pronunciamiento, el gobierno de Luis Guillermo Solís había anunciado que lo acataría “en su totalidad”.
En tanto, el presidente electo, Carlos Alvarado manifestó en reiteradas ocasiones durante la campaña electoral, que compartía la opinión emitida por los jueces y sería respetada en su administración.