El imán turístico que representan las zonas silvestres protegidas de Costa Rica, recibirían el otro año solo la sexta parte del presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), en momentos en que surgen críticas por el abandono material de estas áreas.
De ¢40.989,4 millones incluidos en el plan de gastos de la institución, se asignan solo ¢6.464 millones (16%) para nuevas instalaciones, remozamiento de las existentes y senderos de 127 áreas protegidas que son del Estado (oras 39 son privadas).
Esto incluye todos los parques nacionales que, en conjunto, atrajeron a dos millones de visitantes el año anterior, gracias a los cuales se generaron ingresos de poco más de ¢9.300 millones, conforme datos del Sinac.
La previsión de gasto en infraestructura llega en momentos en los grupos ambientalistas critican la poca inversión en estos espacios y la escasez de personal.
De hecho, en setiembre, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado por estos grupos que denuncian abandono material de las zonas silvestres protegidas.
Los recurrentes reclamaron que la escasez de equipo y personal han permitido actos ilícitos como la extracción ilegal de madera, minería y otros delitos incluidos cacería, pesca y ocupación humana irregular en aquellas zonas.
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De los ¢40.989,4 millones del presupuesto, hay ¢20.182 millones (49% del total) destinados a las remuneraciones de 1.178 funcionarios del Sinac.
De ese personal, 500 funcionarios están destacados en parques nacionales y áreas protegidas pero solo 350 está en labores de protección y preservación; el resto es planilla administrativa y de apoyo, confirmó Mario Coto; director del Sistema, adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
También hay previstos ¢3.293 millones (8%) para transferencias corrientes y de capital y otros ¢11.050 millones (27%) en gastos operativos del Sinac.
Vienen mejoras
En el presupuesto del Sinac hay ¢21.587 millones provenientes de transferencia del Gobierno como parte del Presupuesto Nacional, ¢12.559 millones de ingresos propios y ¢6.843 millones de superávit, según la contabilidad del Sistema.
Según Coto, la mayor parte del superávit (¢5.244 millones) se debe a contrataciones realizadas este 2017 que madurarán en el 2018.
La diferencia de ¢1.238 millones, explicó el jerarca, corresponde a ingresos recibidos el año 2016 que no fue posible incluir en el presupuesto de este año y, por ello, se proyectan para 2018.
Coto sostiene que la sentencia de la Sala Constitucional es "una fotografía" de una situación que se dio principalmente en el año 2016. Para el funcionario, muchos de los elementos que se rescatan en la resolución son compartidos, se están atendiendo y recibirán una respuesta en el corto plazo.
En la resolución 2017014907 (expediente 16-010216-007-CO), los magistrados constitucionales concluyeron que sí “existen suficientes elementos para tener por probado que las áreas silvestres protegidas requieren una intervención por parte de las autoridades competentes”.
Por esa razón, dieron parcialmente la razón a los quejosos, al considerar que el Estado “no ha sido capaz de brindar una protección efectiva a las áreas de conservación en el país”.
La Sala Constitucional otorgó 5 años de plazo al Gobierno para gestionar un plan general de dotación de recursos para un arreglo definitivo del problema que, desde 2014, ya se alertaba. De esta forma, es previsible que esta administración concluya su gestión sin solucionar la problemática.
Problema de siempre
Roberto Molina, guardaparques y vocero del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Energía considera insuficiente la previsión de 16% del presupuesto del Sinac.
"Hay muchos puestos operativos deteriorados o han quedado en ranchos abandonadas que habrían de rehacerse. Ese dinero no alcanza para mantener senderos, puentes, suministros y lugares para guardaparques. Deberían ser al menos unos ¢12.000 millones", aseguró.
Mauricio Álvarez, presidente del grupo ambientalista Federación Conservacionista de Costa Rica coincide con Molina.
"El Sinac siempre se queda corto en fondos para esos fines. Ha habido un abandono de muchos años. Muchas de las condiciones de deterioro se mantienen y, aunque hay cambios cosméticos para los visitantes, quienes trabajan ahí siguen soportando malas condiciones. La subejecución presupuestaria del Sinac es algo rutinario", advirtió Álvarez.
El 24 de octubre pasado, la Contraloría General de la República emitió el informe de auditoría DFOE-AE-IF-00010-2017 que analiza la liquidación presupuestaria del Sinac para el 2016. El informe halló debilidades que "ponen de manifiesto un proceso de plan presupuesto débil".
Según ese análisis, el presupuesto del 2016 contuvo "inconsistencias debido a la ausencia de registro y registro tardío de las variaciones presupuestarias, lo cual ocasiona que la información no sea exacta y confiable para la toma de decisiones y limita su capacidad de rendir cuentas de la gestión presupuestaria".
También se detectó una falta de vinculación suficiente entre el plan operativo institucional del Sinac y su presupuesto lo cual, según la Contraloría, "evidencia la separación entre las acciones para definir objetivos y metas y aquellas relacionadas con la asignación de recursos para su cumplimiento; lo cual evidencia ausencia de mecanismos efectivos que aseguren una ejecución de egresos congruente con la ejecución física".
Para el ente contralor, "lo indicado, repercute negativamente en la calidad y razonabilidad de la información presupuestaria, la rendición de cuentas y la toma de decisiones".