El Gobierno envió, este jueves, a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que gravaría con el impuesto sobre la renta a los salarios escolares mayores a ¢840.000.

La medida, según el Ministerio de Hacienda, afectará al 23% de los empleados públicos.

Actualmente, el salario escolar que devengan los funcionarios estatales goza de una exoneración del 100%. Lo que propone el Gobierno, es eliminar dicho beneficio.

Como se trata del mismo impuesto que se cobra sobre el salario, el cobro se hace según los tramos ordinarios del tributo. Es por eso que los salarios escolares menores a ¢840.000 seguirán exonerados.

Sobre el exceso de esa cifra y hasta ¢1,23 millones, la tasa será del 10%. Conforme mayor sea el monto, se añaden cobros del 15%, el 20% y el 25%.

Según el Poder Ejecutivo, suprimir la exoneración le generaría un ingreso adicional al Estado equivalente al 0,12% del producto interno bruto (PIB). En este momento, dicha cifra equivale a unos ¢41.830 millones.

El impuesto sobre el salario escolar es uno de los componentes del Proyecto de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas del Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal, presentado por el Gobierno.

La meta total del plan, según el Ejecutivo, es disminuir el déficit fiscal en un 0,58% de la producción, “para asegurar la estabilidad económica de mediano y largo plazo”. El déficit financiero del Gobierno Central alcanzó, al cierre de noviembre, el 7,7% de la producción.

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El proyecto también introduce una serie de acciones que reducen los incentivos fiscales y el gasto tributario.

Otra de las medidas consiste en reducir a la mitad la exoneración que tienen las operadoras de pensiones sobre sus rendimientos, para generar el equivalente a un 0,17% del PIIB.

En setiembre, el Gobierno anunció que también plantearía eliminar la exoneración del impuesto de renta sobre los excedentes a 20 grandes cooperativas. Sin embargo, dicha propuesta no forma parte del plan presentado este jueves.

La Nación consultó al Ministerio de Hacienda si dicha propuesta sigue en pie, sin embargo, al cierre de este artículo, no se obtuvo respuesta.

Ajuste a rentas de capital y remesas

El proyecto presentado este jueves por el Ejecutivo modifica las condiciones establecidas en el 2018 por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para dos impuestos: rentas de capital y remesas al exterior.

Hace dos años, la reforma fiscal impuso un tributo sobre las ganancias que se obtienen de los bienes tanto muebles como inmuebles como, por ejemplo, por el alquiler de casas o por los intereses de un depósito a plazo.

A casi todas las formas de rentas se les aplicó un impuesto del 15%, sin embargo, para algunos casos se concedió un cobro gradual.

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Con la reforma propuesta por el Ejecutivo, todas las tasas se homologarían en un 15%, lo cual, según los cálculos de Hacienda, generaría un ingreso nuevo equivalente al 0,13% del PIB.

De acuerdo con el Gobierno, estandarizar las tasas eliminará los sesgos que afectan el efecto de redistribución de los ingresos, según la capacidad adquisitiva de los contribuyentes.

Pero, además, durante dos años la tasa se subiría al 0,02%, para obtener un 0,02% adicional.

El cuarto componente del ajuste propuesto por el Ejecutivo es un incremento del impuesto sobre las remesas al exterior.

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Dicho tributo se cobra sobre las ganancias generadas en Costa Rica por trabajos o negocios realizados en territorio nacional, pero hechos por personas físicas o jurídicas no domiciliadas en el país.

Las tarifas de este impuesto también se definieron en la reforma fiscal del 2018, y oscilan entre el 5,5% y el 50%. La idea del Gobierno es incrementarlas en cinco puntos porcentuales.

El ingreso adicional estimado para esta medida, es del 0,14% de la producción.

Las cuatro modificaciones, según el Gobierno, suman el 0,58% del PIB, unos ¢209.407 millones.