La falta de empleo en el país como una de las causas de la pobreza es uno de los retos que enfrentan los candidatos presidenciales con mayor intención de voto.
Los aspirantes de los diferentes partidos coinciden en que se debe generar mayor cantidad de empleos y promover mejoras salariales para disminuir la cantidad de costarricenses que viven en la pobreza.
Sobre este tema, el aspirante presidencial del Partido Frente Amplio, José María Villalta, describió que su propuesta comprende dos ejes importantes. El primero, dijo, es la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, garantizando pagos justos. El segundo eje es la generación de empleo a través de la reactivación de la producción.
El candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Johnny Araya, considera que la generación de empleo es fundamental en la lucha contra la pobreza.
Para el verdiblanco es importante ejecutar un programa especial de trabajo con objetivos de corto plazo para articular la política de empleo con la política productiva en los primeros 12 meses de un eventual gobierno suyo.
La propuesta liberacionista se centra en impulsar un programa especial de empleo focalizado en mujeres jefas de hogar.
Por su parte, el abanderado del partido Movimiento Libertario, Otto Guevara, impulsa el estímulo a la la creación de la mayor cantidad de empleos bien remunerados y la eliminación de las regulaciones innecesarias que enfrenta quien quiere iniciar un emprendimiento.
Para el candidato Rodolfo Piza, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se debe mejorar la inspección del trabajo para garantizar los derechos laborales y el trabajo decente. En un eventual gobierno suyo, dijo que impulsaría el pago del salario mínimo.
Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), recalcó que los salarios mínimos son un asunto de derechos humanos, aunque advirtió de que la posibilidad de elevarlos debería ser "una decisión técnica".
Tanto Solís como Araya coinciden en promover la inversión pública en infraestructura de manera que generen empleo.
Los candidatos coincidieron en que se debe cumplir con el pago de salarios mínimos, una garantía de ley que se incumple principalmente en los sectores de la construcción, la agricultura y el empleo doméstico, según el Ministerio de Trabajo.
Las cifras oficiales de los últimos años indican que uno de cada cuatro patronos paga a sus empleados menos de lo que establece la legislación.
En este momento, el sueldo mínimo legal más bajo está en ¢8.618 por día, correspondiente a un empleado de la construcción.
El mayor salario mínimo está en ¢562.375 mensual para un licenciado universitario, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo.