El sindicato de la UCR tiene muy claro que no va a negociar a la baja la convención colectiva; por el contrario, propone a la Administración aumentar los días de vacaciones, la cesantía, dar a los empleados asueto el fin de año y que se les pague el salario completo cuando se incapaciten más de tres días.
Estas son algunos de los beneficios incluidos en el pliego de propuestas que llevaron a la mesa de conversaciones sobre un nuevo acuerdo laboral. Esta negociación se inició luego de que tanto la Administración como los representantes de los trabajadores denunciaran la convención vigente, la cual vence el 3 de marzo.
Sin embargo, como se vislumbra una ardua negociación, las partes convinieron prorrogar hasta el 2 de setiembre el acuerdo actual, que le cuesta a la Universidad ¢42.000 millones por año.
Entre los temas más álgidos están los planteamientos sobre anualidades. Las autoridades de la UCR plantearon una reducción paulatina para bajar del 5,5% que se paga actualmente, al 1% en el caso de los trabajadores más antiguos. Sindéu pide, entre tanto, mantener el porcentaje que fue resultado de un acuerdo del Consejo Universitario desde el 2009.
En la actualidad, solo por anualidades, la UCR paga unos ¢30.000 millones. Con la reducción del porcentaje, la UCR estima un ahorro de al menos ¢8.000 millones.
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Otro tema en el que distan mucho las partes es el auxilio de cesantía. En este momento, a los 9.537 funcionarios de la Universidad se les reconocen 15 años por ese concepto; la Administración propone mantenerlo, pero el Sindicato pretende que el reconocimiento sea de 20 años.
Entre tanto, en vacaciones, los sindicalistas solicitan entre dos y cuatro días más de descanso por año. Además, quieren asueto para el fin de año, tal y como ocurrió en el 2016, pero por una concesión del rector Henning Jensen.
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Rosemary Gómez, secretaria general del Sindicato de Empleados de la UCR (Sindéu), dijo que no negociar a la baja fue un acuerdo de la Asamblea del Sindicato porque se consideró que los salarios del personal de la UCR, están justificados por la "evaluación y desempeño" del personal.
"Estas son planteamientos, hay que sentarse a negociar. Los salarios no están permitiendo enfrentar el costo de vida, los trabajadores de las instituciones públicas son a los que más les rebajan impuestos porque es la población cautiva a la que se le tiene aplicado un impuesto al salario. Comparados a otros sectores que evaden, los trabajores públicos son los que más contribuyen al fisco; son los que consumen servicios, algunos pagan educación privada, guaderías, empleados en sus casas (...). Los salarios deben ser competitivos", justificó Gómez.
Otras peticiones
El Sindéu también propuso que a los empleados que se incapacitan más de tres días se les pague el salario completo.
Actualmente, eso solo ocurre en el Poder Judicial y, más bien, los diputados aprobaron en comisión un proyecto para eliminar este beneficio por considerarlo un abuso. El resto de los trabajadores públicos y privados del país, cubiertos por el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reciben el 60% del salario cuando se incapacitan por más de tres días.
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Además, el Sindéu planteó en su propuesta que se mantenga el sistema de ajuste de salarios de la actual convención, el cual se calcula con base en la inflación proyectada y no la acumulada.
Carlos Araya, vicerrector de Administración de la Universidad de Costa Rica (UCR), dijo que la Administración propone que se haga con la inflación acumulada del semestre anterior para evitar pagar salarios muy por encima de lo que corresponde, como ha ocurrido con el sistema vigente.
(Con el actual sistema de ajuste de salarios) tenemos que basarnos en las expectativas de inflación del Banco Central. Tenemos que aumentar de acuerdo con lo estimado por el programa macroeconómico. El Banco Central decía que el año anterior la inflación iba a ser del 3%, pero la inflación real fue de 0,77%, o sea, pagamos un 2,23% más. Quedamos por encima de monto de inflación; esto queremos regularlo", manifestó Araya.
En el 2017, los funcionarios recibieron un incremento salarial del 3%; en 2016, también fue de 3% y en 2015 recibieron un incremento del 5% en su salario.
Los permisos con goce de salario para las actividades gremiales de los funcionarios del Sindéu, también están en negociación.
"Al sindicato, en horas sindicales, la Universidad le otorga alrededor de 15 tiempos completos, la Administración propone que sean 10. Aun así, el Sindéu esta por encima de Recope (Refinadora Costarricense de Petróleo), INS (Instituto Nacional de Seguros), Japdeva ( Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica) y la UNA (Universidad Nacional (UNA). El Sindéu, mas allá de disminuir, quiere aumentar las horas sindicales. Como Administración, tenemos clara la responsabilidad de no generar derechos aficionales", añadió el vicerrector.
Por ejemplo, la UCR plantea bajar de tres a dos tiempos completos los permisos remunerados para que el Sindéu distribuya, de acuerdo con sus necesidades, entre los miembros de la Junta Directiva o representantes del Sindéu ante organismos nacionales a que esté afiliado. El Sindicato solicita que estos permisos remunerados se aumenten a siete tiempos completos.
También, la Administración quiere bajar de siete a cinco horas semanales los permisos para estudio con goce de salario. El Sindicato quiere que se mantengan las 7 horas semanales de permiso.
Adicionalmente a los cuatro meses de la licencia por maternidad, la UCR plantea dar otros 35 días más de permiso con goce de salario. El Sindéu propone que sean 15 días más.
Rosemary Gómez reclamó que la Administración prácticamente está proponiendo una convención colectiva nueva, ya que propone un cambio del 90% del acuerdo de trabajo vigente.
El presidente Luis Guillermo Solís pidió, al inicio de su administración, revisar cada una de las cláusulas de las convenciones colectivas de trabajo vigentes en el país, para limitar los excesos.
Algunas de las convenciones que ya fueron revisadas incluyen la de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Recope y Japdeva.
UCR quiere sacar a sindicalistas de líos disciplinarios
Con el fin de evitar que el sindicato de la UCR sea juez y parte en los procesos disciplinarios de los funcionarios de la Universidad, la Administración pide, en su propuesta de convención colectiva, crear un órgano independiente para resolver estos conflictos.
Actualmente, para conocer procesos disciplinarios, hacer recomendaciones y pronunciamientos sobre los mismos figura la Junta de Relaciones Laborales en la convención colectiva de la UCR. Este es un órgano bipartito, compuesto por tres miembros de la Administración y tres del Sindicato; es el responsable de instruir procesos administrativos.
La Administración de la Universidad de Costa Rica (UCR) propone eliminar la Junta de Relaciones Laborales y crear el Órgano Director del Procedimiento de Instrucción (ODPI) que será el encargado de llevar a cabo la instrucción del procedimiento disciplinario de todos aquellos casos de eventuales faltas disciplinarias cometidas por personal administrativo que sean puestas en su conocimiento.
Según la UCR, este órgano formará parte de la estructura organizacional de la Oficina de Recursos Humanos, pero gozará de independencia funcional y autonomía en cuanto a sus actuaciones y decisiones.
"En caso de que un funcionario cometa una falta, actualmente, por ejemplo, se decide que esa falta amerita un despido sin responsabilidad patronal. El caso se manda a la Junta de Relaciones Laborales para que sean ellos quienes encarguen de instruir el proceso. Sin embargo, el funcionario se va para que el Sindicato ponga un abogado para que lo defienda, o sea, el sindicato es parte interesada, porque defiende al trabajador, pero es juez porque va a instruir. La idea es que exista un órgano independiente que es la ODPI", explicó Carlos Araya, vicerrector de Administración de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Araya dijo que la intervención del Sindicato hace que los procesos disciplinarios "sean lentos". Con el nuevo órgano, el Sindéu podrá seguir defendiendo a los trabajadores, pero ya no los va a poder juzgar.
Entre las atribuciones que tendrá la ODPI están recibir las solicitudes de apertura del proceso disciplinario, conducir el procedimiento disciplinario, solicitar a la Rectoría el dictado de medidas cautelares y elaborar informes del caso.
Rosemary Gómez,secretaria general del Sindicato de Empleados de la UCR (Sindéu), manifestó que en la negociación de esta propuesta de la Administración va a existir un proceso de discusión "bastante fuerte".
"La Junta de Relaciones Laborales es la instancia disciplinaria de los docentes interinos y personal administrativo. Consideramos que ambas instancias (la Administración y el Sindéu) deben estar juntas deben en el mismo proceso", declaró la dirigente sindical.