La pobreza golpea a 43 de cada 100 hogares costarricenses donde hay niños con discapacidad.
Para estas familias, la falta de recursos hace más difícil la crianza y satisfacción de las necesidades básicas que demandan sus hijos.
El dato se desprende del Primer Estado de Situación sobre Niñez y Adolescencia con Discapacidad en Costa Rica, que elaboró la Unicef en conjunto con la Segunda Vicepresidencia de la República y el Consejo Nacional de Rehabilitación.
El informe critica que las políticas sociales sean de corte asistencial y no logren romper el círculo de pobreza, marginación y exclusión hacia esta minoría.
En el país, hay unos 47.358 menores de edad con discapacidad. De ellos, 20.364 no satisfacen sus necesidades básicas, lo cual representa ocho puntos porcentuales más que el resto de los niños.
“Hay una odiosa diferencia entre la calidad de educación y de servicios básicos que recibe esta población y el resto de los niños. Las aulas integradas no están en las mejores condiciones y se debería de invertir más tiempo en las clases que recibe esta población”, reconoció la segunda vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón.
Cuesta empinada. Las barreras se complican para quienes carecen de capacidad económica para pagar medicinas y terapias que mejoren la calidad de vida de sus niños y adolescentes.
“No es lo mismo ser un niño con discapacidad en un barrio urbano marginal que vivir en el área metropolitana y con acceso a mejores oportunidades. En educación inclusiva, en los servicios de salud y en las políticas sociales hay muchos vacíos que demandan mejoría urgente”, explicó Paula Antezana, consultora del informe.
Ante el vínculo entre pobreza y discapacidad, el Gobierno firmó, ayer, un convenio con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para establecer una agenda de acciones y generar oportunidades para esa población.
“Tenemos una deuda histórica con el cumplimiento de los derechos de la niñez con discapacidad, porque los hemos silenciado por décadas. Es necesario cambiar la cultura e incluir ejes de acción en el Plan Nacional de Desarrollo”, afirmó Tanya Chapuisat, representante de Unicef Costa Rica.
Cuando estos niños hacen la transición de los centros de educación especial hacia las aulas regulares, no faltan los docentes y padres de familia que discriminen.
“Tenía miedo de regresar a mi comunidad porque la gente me preguntaba que si era cierto que mi hija era una mongola”, expresó, bajo anonimato, una madre consultadas en el estudio de Unicef.
Pese a que un 70% logra entrar a las aulas, las oportunidades no son las mismas cuando llegan a la edad de buscar trabajo.
En Costa Rica, hay 297.050 personas entre 15 y 65 años con algún tipo de discapacidad. De ellas, el 54% (162.022) carece de empleo, pese a que tiene aptitudes.
Carlos Cerdas Gutiérrez padece síndrome de Down y trabaja medio tiempo en el bufete Lara Duarte, en San José. Para él, las barreras que enfrentan las personas con discapacidad se deben a la ignorancia sobre las capacidades que tiene esta población.
“El país debe enfrentar el reto de cerrar las brechas de equidad que afectan a la niñez con discapacidad e impulsar procesos de reforma institucional que permitan una aplicación efectiva de la ley”, dijo la vicepresidenta Chacón.