En un intento de bajar el costo de los alimentos que adquieren las escuelas y colegios para sus comedores, el Consejo Nacional de Producción (CNP) planteó al Ministerio de Educación eliminar a los intermediarios en este proceso.
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La intención la dio a conocer el viceministro de Planificación, Leonardo Sánchez, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, durante una comparecencia, este martes.
Según Sánchez, quien en la administración anterior estuvo al frente de la Dirección de Programas de Equidad del MEP, a cargo de la alimentación a los estudiantes, él llevaba cuatro años analizando al CNP, luego de los cuales ha valorado distintas posibilidades debido a los problemas en la calidad de los productos, en la logística y en sobreprecios, que no son “un secreto.
“Ante esa situación, lo primero que hicimos fue reunirnos con el CNP; ellos nos han planteado un procedimiento que me parece muy oportuno y es quitar a los intermediarios, porque ahí es donde están los sobreprecios y problemas de logística”, aseveró Sánchez.
No obstante, el funcionario no explicó a los diputados cuál sería entonces el papel del CNP o los cambios en su operación.
El viceministro sí fue muy claro en que la intermediación (de carnicerías, supermercados o industrias), y el hecho de que haya empresarios que acaparan las ventas de alimentos a escuelas es lo que generan los sobreprecios.
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“Si le compramos a proveedores locales, directamente, y eso lo focalizamos en un centro regional de acopio, incluso podemos pagar un privado para que lo distribuya, y los precios bajan considerablemente a precios de mercado”, manifestó Sánchez a los legisladores.
Estudio contra mitos
Las afirmaciones de Sánchez se derivan de un estudio que realizó en el 2021, el cual se trajo abajo mitos creados por el CNP sobre su programa de venta de alimentos para escuelas y colegios, que llega a los ¢75.000 millones al año.
El análisis contradijo, por ejemplo, el discurso del Consejo de que en su mayoría le compra los productos a “pequeños productores”. Lo cierto es que el 37,2% de sus proveedores son grandes, el 27,2% pequeños o medianos (pymes) y el 35,5% son microempresas.
Hay 26 empresas que reciben los pagos del 32% (939) de los 2.935 centros educativos que para entonces abastecía el CNP. Según el estudio, en promedio, estas 26 empresas le suplen a al menos a 42 centros educativos cada uno, pero algunos hasta a 100.
“Este grupo pequeño absorbe una tajada bastante grande: el 40% (¢30.000 millones anuales) del presupuesto que se le asigna a los centros educativos para que paguen al Consejo”, informó Sánchez en su presentación del estudio, el año anterior, ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
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En esa comisión, por ejemplo, se conoció que carnicerías de una familia de Alajuela (Carnes San Rafael y Carnes Tilín), abastecen a 163 centros educativos, 76 Cen-Cinái y 21 unidades de los ministerios de Seguridad y de Justicia.
En el año 2018, el negocio familiar le vendió a esas instituciones ¢1.100 millones; en 2019, ¢1.232 millones y, en 2020, ¢1.752 millones. Sin embargo, esta familia no cría una sola cabeza de ganado, se dedica a revender las carnes de otros productores, es decir, funciona como intermediario pero se le considera “pequeña” empresa.
Las quejas de los centros educativos por la baja calidad de los productos, los sobreprecios, problemas de facturación y otros, siguen siendo el pan de cada día de la Dirección de Programas de Equidad del MEP.
Sin embargo, actualmente el artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP obliga a las instituciones públicas a comprarle al Consejo a los precios establecidos.