El Ministerio de Educación Pública (MEP), el de Gobernación y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) presentaron este lunes una guía para mejorar el acceso educativo más inclusivo para la población migrante y refugiada en el país.
La presentación del manual 'La educación es un derecho de todas y todos' se realizó en el Museo de los Niños, en el centro de San José.
A la actividad se hicieron presentes el ministro de Educación, Leonardo Garnier, el viceministro de Gobernación, Freddy Montero, y Vanessa Leandro, oficial delegada de Acnur en Costa Rica.
El documento reúne todas las normas jurídicas y reglamentarias asociadas con el derecho a la educación de los migrantes y refugiados. Además, establece igualdad de condiciones entre esa población y el resto de los costarricenses.
Leonardo Garnier dijo que la iniciativa busca que se respeten los derechos de la población migrante, favoreciendo su integración a la sociedad y acortando las brechas entre nacionales y extranjeros.
Vanessa Leandro, de Acnur, recordó que la normativa costarricense establece que toda persona menor de edad residente en Costa Rica tiene el derecho y la obligación de tener acceso a la educación, incluso sin poseer los documentos que certifiquen su nivel académico.
El representante del Ministerio de Gobernación consideró: "Esperamos que con esta guía, el personal de Ministerio de Educación tenga a la mano una información sencilla pero apegada al marco de legalidad sobre cómo se debe atender a la población migrante y refugiada, desde un enfoque de derechos humanos".
Según datos del MEP, en el país hay cerca de 46.000 estudiantes extranjeros que cursan estudios en centros educativos públicos. La cifra representa un 4,3% de la matrícula nacional.
En San Carlos es donde más se concentra esa población, seguida de San José, Alajuela y Heredia.