El Ministerio de Educación Pública (MEP) desmintió una información que circula en redes sociales en la que se afirma que Anna Katharina Müller, ministra de Educación Pública, solicitó denunciar y “acusar” los centros educativos que realizan campañas de vacunación contra la covid-19.
En un audio reenviado a través de WhatsApp, un sujeto manifiesta que la jerarca del MEP le pidió “acusar” las escuelas en las que se estén aplicando vacunas a menores de edad.
No obstante, Otto Vargas Masís, director de Comunicación del MEP, desmintió la información y aclaró que Müller atendió, en las afueras de Casa Presidencial, a un grupo de estudiantes que no estaban relacionados con el “movimiento antivacunas”.
Agregó que luego de hablar con los estudiantes, Müller les recomendó a las personas que se manifestaban contra la aplicación de vacunas a menores de edad que si tienen alguna denuncia la remitieran al correo electrónico del despacho ministerial, “como ocurre con cualquier denuncia”.
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Legalidad
En setiembre de 2021, la Sala IV confirmó la constitucionalidad de la vacunación obligatoria en el país. Los magistrados ratificaron su posición al declarar sin lugar 13 recursos de amparo presentados, en mayo anterior, por trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que se niegan a recibir la vacuna contra la covid-19.
En las 13 sentencias, los magistrados rechazaron los alegatos de los funcionarios y recordaron que, desde el 9 de octubre de 2020, en la resolución 19433-2020, el tribunal dejó clara la obligatoriedad de la vacunación.
“(...) Esta Sala ha reconocido, en primer lugar, la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado costarricense en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas, y, en segundo lugar, que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas”, dijeron los altos jueces.
Al analizar los reclamos, la Sala Constitucional respaldó la decisión de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología de establecer la inoculación contra el coronavirus como una obligación, por ahora, solo para el personal de la CCSS, Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Seguros (INS). “La disposición tomada es idónea”, manifestaron los magistrados.
Con respecto al fundamento jurídico, el fallo del tribunal hizo énfasis en que “existe profusa normativa que establece, de forma expresa, la obligatoriedad de la vacunación”.
Por ejemplo, el artículo 46 del Código Civil señala que “toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o tratamiento médico o quirúrgico, con excepción de los casos de vacunación obligatoria o de otras medidas relativas a la salud pública”.
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