A Guillermo, vecino de Desamparados, San José, le descuentan todos los meses la seguridad social como parte de su contrato como maestro. Sin embargo, la semana anterior fue a una cita en Psiquiatría del Hospital San Juan de Dios, donde le informaron que no lo podían atender porque su patrono, el Ministerio de Educación Pública (MEP), estaba moroso con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Los funcionarios del hospital manifestaron que “no atendían a nadie del MEP” porque esa institución tiene obligaciones pendientes. Se trata de una deuda por ¢149.217 millones, correspondientes a cuotas obrero-patronales derivadas del plus salarial denominado Incentivo de Zona de Menor Desarrollo (IDS), que no se reportó desde el 2003.
A Guillermo le informaron que, para atenderlo, debía ir a la oficina de Validación de Derechos a que le hicieran una factura a nombre del Ministerio de Educación para cobrarle la cita o, de lo contrario no lo podrían atender, ni le darían sus medicamentos ni le renovarían su licencia especial de reubicación laboral por la enfermedad que padece. Estuvo todo el día en el hospital haciendo los trámites.
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En la misma situación se encontraban ahí mismo otros colegas suyos del MEP que ese día también tenían cita en el hospital. Algunos habían viajado desde Limón, pero no los atendieron por la morosidad del MEP, institución que tiene cerca de 87.000 funcionarios.
Según estimaciones del mismo ministerio, cerca de 1.000 docentes, en promedio, son atendidos a diario en hospitales y clínicas de la Caja.
Convenio de pago
El Ministerio de Educación confirmó a La Nación que, en efecto, están en condición de morosos con la CCSS desde el 1.° de octubre, lo que ha generado inconvenientes a miles de sus funcionarios que utilizan los servicios en clínicas y hospitales, o que gestionan subsidios como asegurados directos o indirectos en los seguros de salud, o de vejez e invalidez.
Sin embargo, según ellos, están al día con el pago de sus planillas ordinarias, tanto por la cuota obrera, como por la cuota patronal. El problema, dijeron, surge del convenio de pago establecido con la CCSS el 15 de marzo anterior para saldar la deuda derivada del plus. Según ese arreglo, al 30 de setiembre pasado, se debían cancelar los primeros ¢47.803 millones.
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De acuerdo con el MEP, efectivamente, para alcanzar esa primera cuota se hizo un desembolso “de manera oportuna” el 9 de julio de este año por ¢17.739 millones, pero la CCSS no lo acreditó como abono, sino que, “unilateralmente”, lo acreditó en la cuenta general de deuda del Estado.
“Hasta la fecha, existe una discusión entre el Ministerio de Hacienda y la CCSS sobre la correcta acreditación de ese primer pago de ₵17.739 millones y, hasta que no se resuelva, el MEP no puede hacer el pago de las otras dos cuotas acordadas y cuyos recursos fueron autorizados. La situación anterior, y sin que medie responsabilidad alguna del MEP, llevó a que la CCSS declarara al Ministerio en estado de mora a partir del 1.° de octubre 2021, y a que suspendiera la atención médica, hospitalaria, el suministro de medicamentos y el pago de subsidios a la totalidad del personal del MEP”, explicó la institución.
Ahora, para recibir esa atención, los funcionarios deben, de previo, “validar derechos” en las sucursales administrativas de la CCSS, donde se elaboran facturas por los servicios que reciben, y que se trasladan para su respectivo pago al MEP.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, explicó que, cuando firmaron el convenio entre el MEP y la CCSS, y se realizó el primer pago, no se tomó en cuenta que una parte de ese monto correspondía a obligaciones establecidas en la Ley de Protección al Trabajador, correspondientes al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de cada empleado.
“El pago se realizó, pero la Caja tiene que tomar primero una parte para trasladarlo a la cuenta de los trabajadores y, lo que nos señala la gente de la Caja, es que hay una diferencia porque ese dinero no le está quedando a la CCSS. En vez de aplicar el pago al MEP, la Caja lo aplicó al Estado como patrono, es parte de lo que se está conversando y se quiere corregir. Como la deuda es tan grande, estamos poniendo en orden todo para hacer un convenio adicional”, dijo Villegas.
La Nación solicitó criterio a la Caja sobre esta situación, pero al cierre de la información no se tenía respuesta.
La Caja señaló al MEP como patrono moroso a pesar de que la ministra de Educación, Giselle Cruz, solicitó la intervención de la Junta Directiva de la Caja para evitar que esto sucediera.
La jerarca envió dos cartas, una en enero y otra en febrero, al presidente ejecutivo de esa institución, Román Macaya, y también solicitó a los directivos una ampliación del plazo para evitar que el MEP cayera en mora abierta en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere).
Origen de la deuda
Según explicó el MEP, la deuda que genera el conflicto se origina en el levantamiento de planillas extraordinarias, correspondientes a los salarios pagados entre 2003 y 2010 por concepto de Incentivo de Zona de Menor Desarrollo (IDS).
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En 1997, el MEP acordó el establecimiento de un pago adicional por laborar en zonas de menor desarrollo socioeconómico (IDS), para atraer a docentes titulados a estos centros educativos, ubicados en zonas social y económicamente deprimidas. Este pago de incentivo adicional no se consideraba salario, y no estaba sujeto a cargas sociales.
Este criterio fue desarrollado técnicamente por la Dirección de Servicio Civil que avaló su pago como un componente no salarial.
La Procuraduría General de la República (PGR), en el 2014, mediante dictamen C-137-2014 de manera vinculante para el MEP, determinó, igualmente, que dicho estímulo no era de naturaleza salarial y que, por consecuencia, no generaba obligaciones obrero-patronales con la Seguridad Social.
Sin embargo, en el 2017, la PGR (dictamen C- 027-201) definió el IDS de naturaleza salarial, al manifestar, en ese momento, que sí era un componente salarial y que por consiguiente debía pagar las cargas sociales.
Amparado en dicha decisión de la Procuraduría, la CCSS procedió a levantar planillas adicionales para el MEP para esos años, generando una nueva deuda para el MEP de ¢149.317 millones.