La Fundación Omar Dengo (FOD) aseguró que acudirá “a las instancias que sean necesarias” con la pretensión de que se cumpla la ley y en defensa del “interés público”.
De acuerdo con Geoconda Fernández, encargada de Comunicación y Mercadeo de la FOD, un análisis realizado por abogados de la entidad indican que la decisión del Ministerio de Educación Pública (MEP) de no continuar con el convenio para impartir el Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) “rompe los principios básicos de legalidad”.
El fundamento de ese criterio es que la Ley Nº 8207 del 3 de enero del 2002, en su artículo 1º, declara “de utilidad pública el Pronie del MEP ejecutado por la FOD”.
Por eso, según la Fundación, la resolución que tomó el Consejo Superior de Educación (CSE), presidido por la ministra, Anna Katharina Müller, tiene “quebrantos de ley muy serios”.
Müller justificó la medida en la necesidad de “poner orden” en el MEP y de actualizar los programas de informática.
Según dijo, después del 6 de mayo, fecha en la que se termina el convenio, se creará un programa integral que va en concordancia con la estrategia del Ministerio.
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Para el abogado Paul Zúñiga, independientemente de cual sea la naturaleza jurídica del CSE, lo que dice el principio general de derecho es que “solo otra ley puede derogar una ley existente y en aplicación”, por lo tanto, cualquier acto que emita el Consejo, sea cual sea la naturaleza jurídica de este, jamás podrá, bajo ninguna circunstancia, derogar una ley.
“Lo que hicieron con el tema de la Fundación, a mi criterio, es absolutamente ilegal porque se brinca ese principio general de derecho, porque en ningún momento va a tener este CSE las facultades o potestades que tiene el Congreso, lo que hicieron fue legislar, decir vamos a quitar estas funciones a esta fundación, es sencillamente una ilegalidad”, explicó Zúñiga a La Nación.
Hasta el momento, sin embargo, el acta donde se tomó el acuerdo del CSE no se conoce. Según respuesta del MEP: los documentos “se publican y son de acceso al público una vez que adquieren la debida firmeza legal”.
“Revisar las actas es de suma importancia para determinar si existió alguna violación al principio de legalidad y el debido proceso. La ley que declara un interés público no crea un contrato ad perpetuam, el Estado puede romper un contrato cuando tenga razones plausibles para ello, pero necesariamente debe hacerlo siguiendo el debido proceso y el principio de legalidad que al parecer y hasta que las actas sean leídas, no se ha cumplido”, manifestó Zúñiga.
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Nueva estrategia
El ministro interino, Leonardo Sánchez, dijo este martes ante los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia que la nueva estrategia para enseñar informática se presentará entre octubre y noviembre y se implementará en el 2024. Será un “nuevo programa de estudios aprobado por el Consejo Superior de Educación”.
Ese plan estaría a cargo de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE) en coordinación con otros despachos del MEP.
Mientras tanto, este año se implementará un programa de “reforzamiento y nivelación intensivo en formación tecnológica” que los docentes deberán aplicar de julio a diciembre.