La Fiscalía de Limón solicitó más tiempo para investigar el aparente fraude cometido en las pruebas de bachillerato, en noviembre del 2014.
Actualmente, está a la espera del informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre la prueba encontrada en los 105 teléfonos celulares decomisados a estudiantes.
Fue mediante estos aparatos que, supuestamente, los colegiales recibieron los resultados de al menos dos de las pruebas del Ministerio de Educación Pública (MEP), horas antes de que se realizaran.
Mientras accede a esa información, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal mantener medidas cautelares impuestas a los dos implicados en este caso.
“El lunes 11 de mayo, la Fiscalía solicitó la prórroga de medidas cautelares para los dos imputados –el delegado del MEP y el director de un colegio privado–, lográndose que el Juzgado Penal acogiera la petición durante tres meses más”, confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público ante las consultas de este diario.
Las medidas impuestas a un delegado del MEP, de apellido Zapata, son suspensión del cargo con goce de salario, presentarse a firmar cada 15 días, no visitar centros educativos e impedimento de salida del país.
Estas últimas tres condiciones también se aplican al director de un colegio privado, de apellido Acevedo. A ellos se les sigue causa por los delitos de penalidad del corruptor (dar u ofrecer dádivas indebidas a funcionarios públicos) y enriquecimiento ilícito.
El caso. Según la investigación, el director del colegio privado Gilander, ubicado en Batán de Matina, Limón, habría enviado las respuestas de dos exámenes de bachillerato a varios alumnos.
Dicho envío se hizo, supuestamente, mediante mensajes de WhatsApp, para que ellos las vendieran a otros colegiales en cinco centros educativos limonenses.
El supuesto fraude quedó al descubierto cuando una madre alertó sobre la irregularidad a las autoridades de uno de los centros educativos, y estas, a su vez, denunciaron el hecho.
Ante la situación, la Fiscalía de Limón detuvo en aquel momento al docente, de apellido Acevedo.
También se apresó a un delegado del Ministerio de Educación Pública (MEP), de apellido Zapata, quien era el encargado de trasladar los paquetes con los exámenes desde la sede de la Fuerza Pública hasta dicho centro.
De acuerdo con las pesquisas iniciales, Zapata recogió más temprano de lo usual las pruebas de Español y Matemáticas (aplicadas el 4 y 5 de noviembre) y las llevó al Colegio Gilander, donde, supuestamente, Acevedo resolvió las preguntas.
Horas más tarde, mediante la aplicación WhatsApp, el director habría enviado las respuestas a estudiantes de su mismo colegio, del Colegio Experimental Bilingüe de Siquirres y de los liceos de Venecia, Matina y Cuba Creek, también en Matina.
Los fiscales también esperan que el Juzgado Penal reprograme una audiencia para revisar los celulares pertenecientes a estudiantes de cinco colegios.