Docentes del MEP son contratados sin evaluar su vocación, conocimientos ni habilidades

Reclutamiento lo hace el Servicio Civil y ganar un puesto docente resulta de la suma de los puntos obtenidos por los aspirantes de acuerdo a sus títulos, solamente.

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En 2012 la Sala Constitucional dictó una sentencia que obliga al Servicio Civil a aplicar pruebas de conocimiento a todos los oferentes en los concursos públicos.

Tener un título y estar afiliado al colegio profesional respectivo son los únicos requisitos que se piden para contratar a un docente que formará niños y jóvenes en las aulas en el Ministerio de Educación Pública (MEP).

El reclutamiento está a cargo de la Dirección General del Servicio Civil que se encarga de recibir y validar los documentos de los interesados. A partir de esa información, se asignan puntajes que aumentan si el aspirante ha llevado cursos (independientemente de la relevancia de los temas respectivos) o si acumula experiencia. El que tenga más puntos es el que recomiendan al Ministerio de Educación Pública (MEP).

En ningún momento se evalúa su vocación, sus conocimientos para el campo que va a impartir, ni sus habilidades para la enseñanza.

Así lo afirmó el Estado de la Educación en su informe Costa Rica: El estado de políticas públicas docentes el cual fue presentado este jueves en el Edificio Franklin Chang Díaz; en Pavas.

“Ni la vocación del educador, ni sus habilidades sociales, conocimiento y prácticas en el aula son tomados en cuenta para su selección. El modelo de contratación no ha evolucionado al ritmo de otras reformas, ni de acuerdo con las nuevas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, como tampoco lo han hecho los filtros de ingreso a las carreras de Educación”, explicó el informe.

Ganar un puesto docente en el MEP resulta de la suma de los puntos obtenidos por los aspirantes de acuerdo a sus títulos y experiencia solamente.

O sea, si al Servicio Civil llegan dos candidatos para una plaza docente, uno con varios títulos y cursos y otro con pocos títulos pero conocido por su habilidad para la enseñanza y vocación para la docencia, el Servicio Civil escogerá al primero independientemente de sus destrezas para la enseñanza.

Esto sucede a pesar de que en 2012 la Sala Constitucional dictó una sentencia que obliga al Servicio Civil a aplicar pruebas de conocimiento a todos los oferentes en los concursos públicos y establece un período para evaluar aspectos de razonamiento verbal y numérico, así como conocimientos científicos relacionados con el ámbito profesional respectivo. Sin embargo, este mandato aún no se cumple.

Procedimiento para la contratación de docentes.

Édgar Mora, ministro de Educación, dijo que, de entrada, para cambiar la situación, se requiere que las universidades apliquen una prueba de idoneidad para los alumnos que eligen estudiar carreras de docencia.

“Además, las carreras de docencia de todas las universidades deberían ser acreditadas ”, manifestó el ministro.

De las 41 universidades públicas y privadas que forman profesionales en Educación, solo seis tienen carreras acreditadas.

En 2017, solo un 6,3% de todas las carreras de Educación que se imparten en el país estaba acreditada, 29 en total y solo dos de estas últimas eran del sector privado, a pesar de que este sector ofrece la mitad de las carreras del mercado.

En la Asamblea Legislativa se discute el proyecto de ley 19.549, el cual busca una mejor regulación de las universidades privadas.

Entre los principales cambios, está la obligatoriedad de todas las universidades de demostrar la calidad de sus carreras relacionadas con Educación, Medicina e Ingenierías de la Construcción, ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).

Sistema obsoleto

Para el Estado de la Educación no se toman en cuenta para la selección del docente sus habilidades ni vocación debido a que el sistema de selección para el reclutamiento de docentes del MEP (Ley de Contratación Docente) data de 1970, año en que la prioridad para el Ministerio era la profesionalización de los funcionarios y, por ende, se hacía énfasis en la importancia de cursar estudios superiores y obtener un título académico, como requisito para ejercer la docencia.

Esta Ley propone que los nombramientos sigan el criterio mínimo de que el postulante cuente con un título universitario, a fin de asegurar que la designación no fuera arbitraria ni estuviera sujeta a los vaivenes políticos. Sin embargo, actualmente la profesionalización no es un problema, ya que casi todos los docentes están titulados.

“No se toma en cuenta si los títulos presentados se ajustan o no a las necesidades actuales del MEP, ni las diferencias en la formación recibida (en duración y currículo de las carreras). Básicamente, toda persona que desee estudiar para dedicarse a la enseñanza puede hacerlo, independientemente de su vocación y habilidades.”, indica la investigación.

En el caso de los docentes que enseñan Inglés o Francés se verifica su dominio de la materia por impartir. Por ejemplo, para la contratación de docentes de Inglés, uno de los requisitos para ingresar en el registro de elegibles (elaborada por el Servicio Civil) es demostrar el dominio de la lengua mediante una nota mínima en la Prueba de Inglés para Comunicación Internacional (Toeic por su sigla en inglés). Aparte de esta valoración, no existen mecanismos para evaluar las destrezas aprendidas en la formación inicial, sus habilidades para la enseñanza y tampoco se verifica un número de horas de práctica en el aula.

La situación se agrava, según el estudio, por el hecho de que el MEP no cuenta con programas de inducción para los nuevos docentes, no tiene un sistema de evaluación del desempeño que brinde información clara y oportuna sobre el apoyo que requieren los educadores para mejorar su trabajo en las aulas y, finalmente, no ofrece una capacitación continua que supla las carencias de su formación inicial y les permita una actualización de conocimientos alineada con los temas de fondo y los enfoques de los nuevos programas.

Según Isabel Román, Coordinadora del Informe Estado de la Educación, para mejorar la calidad de los aprendizajes y habilidades que los niños y adolescentes, Costa Rica debe colocar las políticas docentes en un lugar central de la discusión pública, ya que, para ella la calidad de los sistemas educativos en el mundo tiene siempre como puntos de partida y llegada la calidad de sus docentes.

“En materia de políticas docentes, Costa Rica no logra generar un círculo virtuoso que articule la selección de los mejores candidatos con una formación inicial de calidad, una contratación que elija a los más preparados, el desarrollo de procesos de seguimiento y acompañamiento en las aulas y una actualización permanente que garantice el crecimiento profesional de los docentes en servicio”, indicó Román.

Tal situación podía explicar por qué Costa Rica retrocedió, con respecto al 2012, en el rendimiento en Matemáticas, Ciencias y Lectura en la evaluación internacional, realizada en el 2015, por el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), realizado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Fabio Flores, director de Carrera Docente del Servicio Civil, explicó que la evaluación de la vocación y habilidades para la enseñanza deben hacerse desde que el alumno llega a la universidad a matricularse.

Flores indicó que ellos como Servicio Civil tiene que seguir el proceso de contratación de acuerdo con lo que la ley, de 1970, establece.

Esa ley no ha tenido cambios desde los años 70. El funcionario explicó que sí han habido iniciativas para actualizar la ley pero “no han llegado más allá de ser discusiones que se hacen en una mesa”.

“El Servicio Civil mide una vez que el docente ha sido formado, si el docente se midiera antes de iniciar la carrera se podría determinar cuáles de ellos no tienen vocación y no deberían estudiar docencia”, dijo Flores quien criticó que el estudio del Estado de la Educación no incluye ninguna propuesta en concreto por parte de los investigadores para cambiar la situación.

Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) coincide con Flores en que la vocación deberían medirlo las universidades.

El ministro de Educación añadió que la Ley Fundamental de Educación y la Ley de Contratación Docente no sustituyen una política pública de formación docente, si no que más bien la ordena pero, indicó, que ese esa orden no se ha materializado a pesar de los años que han pasado.

" El Consejo Superior de Educación refleja el consenso de que la formación docente es el problema más serio de la dimensión pedagógica del sistema educativo. Su mejoría pasará por decidir en su seno un marco de competencias docentes, criterios de calidad explícitos y aplicables a las facultades de educación públicas y privadas. Además de rigurosos perfiles de selección y reclutamiento que incluyan exámenes de idoneidad y modelos de evaluación orientados al crecimiento profesional y la mejora constante. Todo esto debe estar guiado por la transformación de la experiencia del estudiante y la restitución del prestigio de las maestras y profesoras", dijo el ministro.

El Estado de la Educación también criticó que en la actualidad el sistema educativo costarricense carece de criterios de evaluación que permitan apoyar a los docentes en su desempeño, y tampoco los tiene para reconocer las buenas prácticas.

En la última evaluación del desempeño realizada en 2016, solo 43 de los 79.823 empleados del MEP recibieron una calificación de “inaceptable”, “insuficiente”, “deficiente” o “regular”, por parte de sus jefes inmediatos.

Esa cifra representa el 0,053% del total de empleados del MEP cuya planilla es la más grande del país.

Los investigadores del Estado de la Educación recomendaron al Ministerio una revisión y actualización “urgente” de los mecanismos de reclutamiento y contratación docente.

“Destaca en particular el establecimiento −por parte del MEP− de perfiles en los que se definan los estándares mínimos de calidad que deben cumplir los educadores que aspiren a insertarse en el sistema, de tal manera que las contrataciones no se basen únicamente en titulación y experiencia, sino también en habilidades y conocimientos”, indica el informe.