La defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, pidió ayer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que convoque al Estado costarricense a una audiencia para definir cómo aplicará la fecundación in vitro (FIV) en el país.
El órgano defensor señala que el Estado no ha dado pasos efectivos hacia el cumplimiento de este procedimiento médico y deja sin acatar la sentencia que emitió la Corte desde el 2012.
“En este informe, hacemos una elaboración de la falta de pasos concretos del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones. El documento muestra que ha habido una falta de voluntad”, manifestó la defensora Solano.
El Estado y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrentan unas 22 demandas en los estrados de la jurisdicción contenciosa administrativa por el retraso en la aplicación de la fertilización in vitro (FIV).
En cada denuncia, se pide el pago de entre ¢50 millones y ¢75 millones por indemnización.
El informe critica la inacción de la CCSS y el procedimiento legislativo como frenos al avance de este procedimiento médico.
“Aún no se conoce ningún estudio de costos de la CCSS que permita comprobar algún indicio de avance para la implementación (...). No se han identificado ni posibles proveedores de los servicios, ni el presupuesto para hacer frente a esas contrataciones”, señala el informe.
La gerenta médica de la Caja, María Eugenia Villalta, explicó que la CCSS tiene un plan de trabajo y está esperando que la fuente de ese dinero se defina mediante una ley que aún no ha salido de la Asamblea Legislativa.
En el 2014, la Caja informó de que el costo inicial de la construcción de un edificio para la Unidad FIV era de $3,8 millones.
Estancados. La defensora Solano enfatizó en la inacción del Ejecutivo y de los diputados para que el proyecto de la fecundación in vitro avance en el Congreso.
Las mociones legislativas hacen que este proyecto no tenga frutos en el Congreso, debido al desacuerdo entre partidos como el oficialista Acción Ciudadana (PAC) y los evangélicos Restauración Nacional, Renovación Costarricense y Alianza Demócrata Cristiana (ADC).
“No se ha brindado el impulso político necesario para la aprobación de la norma que levante la prohibición de FIV en el país y que regule la implementación de la técnica”, sostuvo la defensora.
El diputado Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional, señaló que mantendrá su oposición al proyecto, debido a que va en contra de la vida.
“El documento no lo conozco, pero nos mantendremos en una posición de defensa hacia la vida y no en favor del in vitro (...). El fallo internacional no habla de plazos para el cumplimiento ”, manifestó el diputado Alvarado.
Este es el segundo informe que presenta la Defensoría ante este tribunal internacional.