La Defensoría de los Habitantes reclamó al Ministerio de Educación Pública la reducción de presupuesto para este año y el efecto que tendrá en estudiantes en riesgo, vulnerabilidad y pobreza.
Según la Defensoría, es claro que no hay una actitud proactiva para exigir el 8% del producto interno bruto (PIB) para educación, que establece la Constitución Política, situación que atribuye al “sometimiento” de la jerarca Anna Katharina Müller.
“Aquí hay un claro y evidente sometimiento de parte de la señora ministra a las directrices presupuestarias que salen desde Hacienda, los números lo demuestran. En los últimos dos años se ha visto que el presupuesto ha venido disminuyendo”, afirmó Geovanny Barboza, vocero de la Defensoría, en conversación con La Nación.
Frente a la situación, el ente pretende profundizar en los posibles efectos de la aplicación de la regla fiscal de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), en la asignación y ejecución del presupuesto del MEP, ya que este tema no ha sido objeto de discusión.
El presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) para el curso lectivo 2024 es el más bajo de la última década en relación con el producto interno bruto (PIB). La institución tiene asignados ¢2,6 billones para atender la educación de un millón de niños y adolescentes.
El monto representa un 5,2% del PIB, lo cual contrasta con el 7,3% del 2015; el 7,5% del 2017 o el 7,3% del 2020, de acuerdo con un análisis de la Contraloría General de la República (CGR).
Según Barboza, un estudio realizado por la Defensoría concluyó que cada colón disminuido al MEP en el presupuesto, es un colón menos en los programas de equidad.
La Nación solicitó este martes al MEP una posición sobre las críticas y preocupaciones de la Defensoría. Se está a la espera de respuesta.
Pide detalles
Para ahondar en la situación, la Defensoría solicitó al MEP un informe detallado de los estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (Panea), del Programa de Transporte Estudiantil, de las Becas Postsecundarias y del Programa de Integración. Solicitó el documento con desglose de edad, género y grado escolar.
Además, dijo Barboza, consideran esencial disponer de variables como la distribución geográfica de los beneficiarios de los programas, según la división administrativa del MEP y el monto promedio anual de las becas según su tipo.
Igualmente, se pidió información sobre las partidas presupuestarias asignadas a estos programas y becas, y si dicha asignación presupuestaria está vinculada a la pobreza extrema o a la situación económica de las familias, así como cuál es la normativa que determina esta decisión.
Barboza alegó que hay que cuestionarse las razones por las que hay una menor población estudiantil, porque podría haber otras, más allá de la baja en la tasa de natalidad.
“Lo que no dicen es que hay menos niños en el sistema porque no van, porque no tienen posibilidades de recurso de parte del Estado, como becas, alimentación, transporte. Prácticamente, los estamos expulsando del sistema educativo, no solo están en situación de vulnerabilidad sino también de exclusión”, aseveró el funcionario.