Un no rotundo recibió el Ministerio de Educación Pública (MEP) en su intento de que la Contraloría General de la República le permitiera crear un nuevo fondo para completar las 103 obras prometidas con el fideicomiso educativo aprobado en 2013.
Con el fideicomiso de $167,5 millones, aprobado mediante la ley 9164 en el año 2013, se debían construir 80 centros educativos y 23 canchas techadas.
Sin embargo, los recursos solo alcanzaron para 61 obras (el 40%) debido a que, a falta de un estudio técnico, los costos fueron mal calculados por las autoridades del MEP y los diputados lo avalaron tal y como les llegó.
El valor previsto para cada obra que se incluyó en el texto de ley solo era “referencial”, de ahí que al momento de ejecutar los proyectos estos salieran más caros. Por ejemplo, hubo instituciones en donde se tuvo que comprar el terreno, pero esa compra no fue presupuestada; estos malos cálculos hicieron que el fondo no alcanzara para lo prometido.
Ante estas circunstancias, el MEP solicitó a la Contraloría que le permita incluir en el fideicomiso actual una cláusula mediante la cual se creara uno nuevo. El objetivo es tener más fondos para finalizar la construcción de las obras restantes (42) del listado de 103 obras establecidas en la Ley.
Para hacerlo, se necesitarían cerca de $138,5 millones adicionales.
FUENTE: MEP || DISEÑO / LA NACIÓN.
Sin embargo, la Contraloría negó la solicitud de adenda para suscribir un nuevo fideicomiso y también negó al MEP eliminar del listado indicado en la ley, los centros que no se pudieron construir.
Es decir, tienen que hacerlos todos por obligación de ley.
Ante este rechazo, el MEP deberá escarbar entre sus recursos para atender el compromiso de construir las 103 obras o buscar una reforma a la ley del fideicomiso, ya sea para crear uno nuevo (lo cual no tiene buen ambiente en el Congreso) o disminuir el número de centros.
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"Como puede verse, la posición de esta Contraloría General ha sido precisamente que el Ministerio debía atender el mandato del legislador por medio del fideicomiso contemplado en la Ley No. 9124; por lo que se ha estimado que no resulta factible la eliminación de centros educativos del respectivo listado.
"Considerando que la adenda propuesta supone que se dejaría un número de obras que no se concluiría bajo el Fideicomiso dispuesto en la Ley No. 9124, esta posibilidad no resultaría factible conforme a los términos y condiciones establecidos en la Ley. Es por esa razón que, corresponde denegar la solicitud del refrendo de la Adenda No. 2 en tanto esta Contraloría General ha estimado que se opone a la Ley No. 9124″, dice la respuesta.
El presupuesto del fideicomiso actual proviene de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La gestión del dinero está a cargo del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), mientras que el MEP figura como unidad supervisora.
Alegato
El MEP alegó ante la Contraloría que los incrementos del proyectos "obedecieron a circunstancias que abarcan desde el costo real de la adquisición de terrenos; los ajustes o variaciones en los diseños de las obras; la imposibilidad de prescribir un monto para cada contrato otorgado; el transcurso del tiempo entre el momento de presentación del proyecto de ley y la adjudicación de los contratos para el desarrollo de las obras”.
Por ejemplo, en la ley se estimó que la Escuela Finca La Caja, en La Carpio, La Uruca, San José, costaría $5,8 millones. Al final, su precio final fue de $6,8 millones.
El Colegio Guararí, en Heredia, se calculó en $2,6 millones pero costó casi el doble: $4,7 millones. Finalmente, el Colegio Occidental, en Cartago, se estimó en $3,8 millones pero se invirtieron $5,5 millones.
La errada estimación y el atraso de más de dos años del Banco Nacional en la conformación de la Unidad Ejecutora (encargada del desarrollo del proyecto), encarecieron los costos para desarrollar los centros educativos.
“Expone (el MEP) que no se trata de un error de ejecución que genere incrementos, ni de distracción de recursos para fines ajenos a los previstos por el legislador, sino simplemente al costo mayor de las obras puntuales sometidas a los distintos concursos públicos”, dijo la Contraloría.
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Entre los 42 proyectos que no alcanzaron a levantarse y ahora dependen de que el MEP consiga los recursos están el CTP de Hatillo, el Liceo de Siquirres, el de Corredores; el Liceo de Tierra Blanca, en Cartago, el CTP de La Carpio ( los alumnos de este centro reciben clases en 10 locales de un centro comercial en La Uruca desde el curso lectivo de 2016) y el Liceo de Tobosi, de El Guarco de Cartago.
Desde el 2017, la Contraloría identificó que el dinero para construir las 103 obras no iba a alcanzar.
En aquel momento, se estimó que el déficit para cumplir con las obligaciones del fideicomiso oscilaba entre $57,8 millones y $67,2 millones.
Por esa razón, la Contraloría le pidió desde ese entonces al MEP buscar alternativas de financiamiento para cumplir con las 103 obras establecidas en la Ley 9124, y que estuvieran ejecutadas exitosamente el 3 de julio del 2020. Sin embargo, a la fecha, eso no ha ocurrido.
Geovanny Rodríguez Santamaría, director de la Unidad Supervisora del fideicomiso, expuso, en noviembre anterior ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, la creación de un nuevo fideicomiso financiado por otro crédito del BID como solución para saldar la deuda de escuelas que quedaron sin hacer. Indicó que el MEP trabaja en un proyecto de ley para concretar ese plan.
Roberto Thompson, diputado de la Comisión, consideró inviable un nuevo proyecto de ley para extender el fideicomiso. Para él, autorizar otro crédito con los actuales resultados sería “inaudito”.
“En este país tenemos la mala costumbre de inventarnos mecanismos cuando los que existen no funcionan pero, como vemos acá, estos tampoco resuelven y salen carísimos. La Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP debería asumir esto, pero no lo hace porque hay que primero arreglarla. Por ahí debería empezar la solución”, aseveró Thompson.