El kilo de tomate le cuesta ¢286 colones más caro a las escuelas de la zona norte del país que le compran al CNP, en comparación a si lo adquirieran en algún supermercado local.

Por el azúcar deben pagar ¢162 de más; por el arroz, ¢82 y, por un kilo de filet de tilapia, hasta ¢2.890 de más con relación a comercios de las comunidades.

“En promedio, el 58,9% de los productos seleccionados en las Regiones Huetar Norte; Occidente; Central; y, Pacífico Central, son ofrecidos con precios superiores a los de esos supermercados”, confirma un estudio de la Contraloría General de la República que evaluó la eficiencia y eficacia del servicio de alimentos que da, por ley, el Consejo Nacional de Producción (CNP).

Todas las instituciones están obligadas a comprarle a esa entidad productos como carnes, lácteos, vegetales, frutas y abarrotes. En el caso del Ministerio de Educación, se trata de 1.116 de 4.040 escuelas (27,6%) en las que estudian 148.000 niños.

La Contraloría decidió hacer la comparación de precios dado que en una encuesta que hizo a 124 directores de escuela, “el 66,3% de los usuarios considera que los precios de los productos son altos en comparación con proveedores locales”.

De esa forma concluyó que en las regiones Huetar Norte y Occidente del país, el 66,7% de los productos que el CNP vende a las escuelas tiene precios superiores a los máximos ofrecidos por los supermercados locales.

Lo mismo ocurre en las regiones Central, y Pacífico Central. En total, los auditores recorrieron 88 supermercados para hacer la relación de precios con respecto a los ofrecidos por el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), del CNP.

‘No es de recibo para nosotros esa comparación’

Édgar Vargas, gerente general del CNP, fue tajante. No acepta esa comparación pues dice que el sistema que utiliza la entidad es “especial” y no se puede relacionar con los precios que ofrecen los supermercados. Afirma que definen los costos de los productos con estudios de mercado propios que hacen con “alguna regularidad”.

“Tenemos una situación especial de precios que no necesariamente tienen que tener establecidos los supermercados; son condiciones muy diferentes. En el supermercado el precio es en anaquel o en góndola; un precio al contado que llega al consumidor a comprarlo en ese punto. Nuestros proveedores tienen costos de distribución en centros educativos muy distantes, agregamos, además, el margen operativo que tiene derecho el CNP. Hay que considerar que tenemos tiempos de pago con los proveedores porque dependemos que los clientes institucionales nos paguen. No es de recibo para nosotros esa comparación”, dijo Vargas.

En junio del 2017, La Nación hizo un reportaje comparando los precios del CNP con los ofrecidos por el mercado y llegó a la misma conclusión que la Contraloría.

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Análisis de precios

La Contraloría visitó supermercados en 20 comunidades de la provincia de Alajuela; en cuatro de Puntarenas y 10 en la capital.

En el caso de la Región Pacífico Central, el 50% de los productos de la muestra registraron un costo superior a los precios máximos ofrecidos por los supermercados. En esta zona, la leche descremada es vendida por el CNP a las escuelas a ¢53 más; el kilo de huevos tiene un sobreprecio de ¢247 y por la carne de cerdo, se paga ¢484 de más.

En la Región Central, los precios también están elevados: el 60% de los productos de la muestra que la Contraloría usó, tienen un precio superior a los abastecedores locales.

De esos recorridos, determinó que, en promedio, el 58,9% de los productos evaluados tienen un costo mayor al de los supermercados. “Las diferencias encontradas deben ser valoradas por la Administración, considerando aspectos tales como costos indirectos, ubicación geográfica, disponibilidad de suplidores, entre otros”, explica la Contraloría.

Por esta situación, es que la Contraloría le solicitó al CNP definir mecanismos para la corrección de las debilidades relacionadas con la determinación de precios de compra a suplidores y de venta a las instituciones públicas.

Las Juntas de Educación de los centros educativos, que por problemas de capacidad el CNP no puede atender, contratan proveedores privados. Según Vargas, lo lógico es que se hubiera comparado los precios de los proveedores del CNP con los de los proveedores privados.

Leonardo Sánchez, director de Programas de Equidad del MEP, encargado de los comedores estudiantiles, coincidió con Vargas de que no son comparables los precios de un supermercado con los de los productos que comercializa el CNP.

“Voy a proceder a hacer un análisis comparativo de los precios, en centros educativos en zona determinada que brindan el servicio al CNP y centros con proveedores privados: voy a empezar a hacer estudios con eso”, manifestó el funcionario.

Es el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción que establece la obligatoriedad de los entes públicos de comprarle al Consejo todo tipo de suministros genéricos propios del tráfico de esta institución “a los precios establecidos”. El Ministerio de Educación Pública (MEP) es el principal cliente del CNP.

Precio de las carnes

La Contraloría regañó al CNP porque sus suplidores venden a los centros educativos las carnes (carnes rojas, pollo o pescado) usando como base un estudio de mercado realizado por el PAI en el año 2015.

“La Política General de Precios y Márgenes del CNP se dispone que dichos precios serán determinados con base en investigaciones que deberán realizarse cada dos meses por las regionales en distintos establecimientos comerciales ubicados en los principales centros de población o donde se ubican los clientes del Programa”, expresó la CGR.

Los directores de las escuelas, aparte de su inconformidad con los precios, se quejaron con la Contraloría sobre la calidad, atrasos, y servicios en general de los proveedores del Consejo.

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El 21% de los directores consideró que la frecuencia de entrega de los productos ocasiona desabastecimiento de alimentos, daño en los productos perecederos y costos adicionales por necesitar un espacio de almacenamiento extra.

El 47,6% de los usuarios indicó haber presentado inconformidades o denuncias por el servicio brindado, debido a incumplimientos en los tiempos de entrega, calidad y cantidad del producto recibido. Para el 56,9% de estas personas la solución a su problema no fue resuelta o el tiempo de respuesta no fue oportuno.

"El PAI desconoce la efectividad del servicio brindado a los centros educativos respecto a la cantidad, calidad y entrega oportuna de los suministros, y satisfacción del usuario; situación que impide aplicar medidas correctivas ante debilidades relacionadas con esos aspectos.

Asimismo, pese a la existencia de inconformidades presentadas por los centros al PAI entre los meses de enero y septiembre de 2018, no fue posible determinar que éstas fueran atendidas oportunamente a satisfacción del usuario, ni las acciones implementadas con el suplidor para subsanar las situaciones presentadas y evitar su reiteración", dijo la Contraloría.

El Consejo fue creado mediante ley en agosto de 1956 con la idea de fomentar la producción agrícola e industrial, así como estabilizar los precios de artículos necesarios para la alimentación de los ciudadanos.

Con la transformación de las actividades productivas y las políticas agrícolas, la institución decayó de manera importante lo que obligó al Estado a considerar una reorganización.

Desde entonces se han intentado planes de salvamento y proyectos de ley, sin que hayan dado grandes frutos a la fecha, pues la institución opera con déficit. Para enfrentar esa situación, el Gobierno le realizó transferencias por ¢7.290 millones en 2014; ¢2.250 millones en 2015; ¢2.000 millones en 2016 y apenas ¢200 millones este 2017.