Los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, dictaminaron afirmativamente un proyecto de ley para entregar el título de conclusión de estudios en educación media a las personas que aprobaron las materias de secundaria pero no las pruebas de bachillerato.
El expediente denominado Ley para la Superación Académica del Bachillerato, supuestamente beneficiaría a unas 36.000 personas, que tienen aprobadas las materias del programa de estudios de su respectivo centro educativo, es decir, que superaron el quinto año de colegio (en centros académicos) o sexto año en educación técnica.
Este primer aval a la iniciativa fue dado este miércoles 15 de marzo, ahora el proyecto pasará a la agenda del plenario legislativo para su votación en primer y segundo debate.
La diputada socialcristiana y principal impulsora del proyecto, María Marta Carballo, celebró la decisión de sus compañeros y aseguró que “esta propuesta lo que viene es a darle una posibilidad a muchos costarricenses y sobre todo a jóvenes menores de 24 años para que puedan conseguir un mejor trabajo o continuar con estudios técnicos universitarios”.
El tema, sin embargo, no es un tema pacífico. De hecho, desató una fuerte oposición entre diferentes sectores como el Programa Estado de la Nación (PEN) y la Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones (Cinde), los cuales fueron requeridas por los diputados como parte del trámite de consultas.
No solo es un grado educativo
Jorge Enrique Sequeira, gerente general de Cinde, explicó en su momento a los congresistas que el último objetivo del plan es promover la empleabilidad de las personas, pues no se trata solamente de la obtención del grado educativo, sino del desarrollo de habilidades.
Además, advirtió que por lo menos Cinde, tiene como misión generar empleos de calidad a través de la atracción de inversionistas extranjeros y que el proyecto no garantiza uno de los aspectos más importantes para mantener un buen clima de inversión como lo es “contar con talento humano calificado y competente”.
Por su parte, Jorge Vargas,director del Programa Estado de la Nación, indicó ante los diputados en diciembre, que es incorrecto afirmar que las pruebas de bachillerato sean un factor causante de desigualdad académica ya que no hay fundamento científico ni evidencia sólida generada que respalde dicha afirmación.
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De acuerdo con datos del Estado de la Educación, al 14 de julio de 2022, la cantidad de estudiantes que egresaron de la educación formal entre 2004-2019 y que tienen pendiente el título de bachiller en educación media asciende a35.821, el 49% debe solo una asignatura.
La propuesta de la socialcristiana indica que, a partir de la posible entrada en vigor de la legislación, los interesados tendrían un año para presentar la solicitud ante el Ministerio de Educación Pública. El trámite no tendría costo y debería resolverse en el plazo de un mes.