Durante años, el Conesup aprobó el incremento de tarifas de las universidades privadas sin contar con una metodología fundamentada en estudios técnicos, no había mecanismo que garantizará que los aumentos fueran “equilibrados y razonables” con respecto a los servicios que prestan las casas de enseñanza a los alumnos.

Bajo ese esquema, eran las universidades las establecían sus propios incrementos.

Así se desprende de un informe de la Auditoría del Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre esta labor del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), dada a conocer hace unas semanas. El Consejo es una dependencia del MEP.

“Los aumentos no responden a incrementos en costos y gastos de las universidades, sino a la aplicación automática de dicha metodología, esto, en consecuencia, afecta a los estudiantes a quienes se les cobra una tarifa que no siempre es justa ni que responda a las características del servicio que se le está brindando”, explica el informe 04-2020.

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El Conesup es el encargado de autorizar las tarifas de matrícula y costo de las asignaturas de las universidades privadas, así como sus respectivos incrementos anuales.

Desde el 2015, la Contraloría General de la República en el informe N° DFOE-SOC-IF-03-2015, le solicitó al Conesup establecer una metodología que permitiera determinar en forma técnica el monto de las tarifas iniciales que cobran las universidades privadas y los aumentos de tarifas que aprueba. Esta fórmula o mecanismo se aprobó a finales del 2018 y comenzó a regir en 2020.

Según explicó Nuria Méndez, directora del Conesup, la metodología era necesaria porque con el anterior sistema “las universidades eran las que establecían sus propios costos” sobre incrementos en la matrícula y materias.

“Anteriormente, el fundamento era propio de cada universidad: ellas hacían sus propios estudios y a la hora de proponer una carrera, la misma universidad establecía sus costos por materia y matrícula”, dijo Méndez quien, antes de ingresar Conesup, en 2019, laboró cómo vicerrectora de la Universidad Latina

El procedimiento de análisis para aprobar o no el incremento de tarifas se basaba, según la Auditoría, en el precio por materia solicitado, comparado con el precio ponderado aprobado por materia a otras universidades privadas, siempre que sean comparables por el grado académico que se esté analizando (bachillerato, licenciatura, maestría o doctorado).

El requisito mínimo del Consejo para valorar las solicitudes de aumento de las tarifas era el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según Méndez, a la hora de aprobarse un incremento de matrícula o materia, también se les reconocía a las universidades, el 50% de la inversión que hubieran realizado. Por ejemplo, por construir un nuevo laboratorio y cambiar un equipo.

Esos dos rubros (IPC+ 50%de inversión) se tomaban como base para definir los incrementos anuales.

“Mandaban a decir ‘me aprueba esta nueva carrera con esta matrícula y esta tarifa por curso’, no había un modelo tarifario. Antes, las propias universidades establecían sus costos, se aprobaban tal cual. No había un modelo tarifario o formula tarifaria, era muy antojadizo. Antojadizo en el sentido de que era muy general y no contemplaba rubros macro”, manifestó la funcionaria.

La ausencia de este modelo tarifario provocó, según la Auditoría del MEP, “una afectación directa en los estudiantes”.

“A quienes se les cobra una tarifa que no siempre es justa y que responda a las características del servicio que se le está brindando”, señaló.

“(La falta de una metodología) generó disparidades importantes en las tarifas de una universidad a otra, además de que no existe una estandarización; algunas tienen establecido un costo de matrícula para bachillerato, licenciatura o maestría, tarifas diferentes para cada carrera, para extranjeros y para matrícula extraordinaria”, explicó la Auditoría.

A enero de 2019, había en el país 53 centros de educación superior privado, que inscribían alrededor de 28.000 títulos anuales ante el Conesup.

Esas instituciones, a ese momento, ofrecían 1.605 carreras, aunque solo 139 tenían el sello de calidad del Sinaes (Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior).

¿Cuántos alumnos tienen? El mismo Estado de la Educación, el Programa Estado de la Nación, ha criticado la falta de datos. La última cifra que manejaba ese grupo de análisis era de casi 106.000 estudiantes en 2015, 4.000 más que en las universidades públicas, para ese entonces.

Nuevo modelo

Los incrementos en las tarifas que este año tuvieron las universidades privadas ya venían calculadas con la nueva metodología, muy diferente a la que se aplicó por años.

Eso sí, el piso del costo para definir estos aumentos es el que quedó con el anterior modelo. O sea, si con el anterior modelo sin criterios técnicos que usaba el Conesup una matrícula en una universidad llegó a los ₡120.000 por cuatrimestre, ese es el monto que se utiliza como referencia para aplicar la nueva metodología.

Según explicó Méndez, en el nuevo método no se usa el IPC como referencia. Las universidades pueden solicitar los ajustes por dos vías: por índice de precios para la educación superior (monitoreo de precios en el mercado) o por inversiones realizadas, pero en este rubro ya no se les reconoce el 50% a todos por igual.

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Si la institución no realizó inversiones que justifiquen un incremento, puede hacer la solicitud con base en el índice de precios de la educación superior.

En caso de que solicite aumento por las inversiones realizadas, para definir el porcentaje que se les reconocerá se toma en cuenta la cantidad de estudiantes por carrera y grado; la carga académica de los estudiantes, el promedio de alumnos matriculados por materia y periodicidad del cobro de matrícula (cuatrimestre o semestre). Deben enviar la información y pruebas de sus inversiones para ser sujetos de análisis de tarifa.

“Con el nuevo modelo, los precios en materia y matrícula se mantienen estables, es muy difícil que aumente en un 40%, por ejemplo. Se permite que la universidad tenga ganancias y también una estabilidad financiera para el estudiante”, manifestó Méndez.

La nueva metodología se desarrolló en conjunto con representantes de las universidades privadas.

Rosa Monge, rectora de la Universidad Latina de Costa Rica y presidenta de Unire ( Unidad de Rectores de Universidades Privadas de Costa Rica) calificó como “muy favorable” esta nueva metodología.

“Nos permite contemplar las inversiones que hacemos las universidades y no se basa en el IPC general, como se hacía anteriormente”, dijo Monge.

Emilia Gazel, vicerrectora de la Universidad Fidélitas no se mostró tan optimista con los nuevos parámetros.

“Son bastante complejos y una especie de talla única o estandarización para todas las universidades, aunque no todas tienen el mismo tamaño, el mismo nivel de inversión, ni las mismas carreras”, expresó.

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No obstante, reconoció, que de alguna forma permite tener una mejor visualización de cara al futuro, porque se sabe que lo que suceda este año afectará el incremento en el siguiente, lo que llevará a las autoridades de cada universidad a tomar decisiones con mayor cautela.

Todos estos cambios se dan mientras en la Asamblea Legislativa avanza el proyecto 21.578 de reforma a la Ley del Conesup.

Este fue dictaminado la semana pasada en la Comisión de Asuntos Sociales y su objetivo es aumentar la capacidad del Consejo para la fiscalización y supervisión de las universidades privadas, de manera que se fortalezca la acreditación de carreras, mejore la calidad docente y se garantice la actualización de los programas académicos de las carreras universitarias que imparten.

Ese texto no incluye cambios significativos con respecto a la regulación de tarifas.