Los diputados aprobaron este martes un segundo proyecto de ley para apurar la obtención de los terrenos necesitados para desarrollar obras públicas como carreteras, aeropuertos y vías ferroviarias. Lo hicieron dos años y ocho meses después de aprobar una reforma legal que no funcionó como se esperaba.
En primer debate, con 42 votos a favor, la Asamblea Legislativa avaló una nueva reforma a la Ley de Expropiaciones. La intención es aclarar los plazos en que el Estado puede tomar posesión de las tierras.
La ley aprobada en octubre del 2014 establecía que la Administración Pública podía disponer del terreno 15 días hábiles después de declarar un proyecto de interés público, siempre que deposite el monto de su avalúo en un juzgado. En el caso de expropiaciones de habitaciones familiares, el plazo es de dos meses. El problema era que esa reforma no le fijó plazo al accionar de los juzgados.
Ahora, se obliga al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda a que, en cinco días máximo a partir de que el Estado deposite el monto del avalúo que le hizo a la propiedad, gire la orden de expropiación, emita una anotación sobre el terreno y nombre un perito idóneo para hacerle otra valoración al bien inmueble.
A su vez, el perito tendrá un plazo específico para revisar el avalúo, 15 días hábiles o dos meses, dependiendo de si el terreno es familiar o no.
En cuanto a las notificaciones de las órdenes de expropiación, la iniciativa aprobada este miércoles también hace una modificación para que las notificaciones de este tipo tengan que ser personales.
El proyecto aprobado establece que la declaratoria de interés público, publicada en La Gaceta, es motivo suficiente para hacer las indemnizaciones generadas por expropiaciones, de haber actividades comerciales o de cualquier tipo relacionadas con la propiedad respectiva.
La nueva redacción permite que, si la persona está de acuerdo con el precio que se le ofrece por su propiedad, se procederá sin más trámite a hacer la escritura para el traspaso del terreno.
Todos estos cambios servirían, según los congresistas, para que la agilización de las expropiaciones sea realmente funcional y no se empantanen los grandes proyectos de obra pública por choques entre el Estado y los propietarios de terrenos de interés para el Gobierno.
Una publicación hecha por La Nación en abril de este año dio cuenta de que los atrasos en las expropiaciones no se deben solo a situaciones legales, sino también a asuntos como la falta de un chofer o viáticos para llegar a un juez a la entrada en posesión de los terrenos, la ausencia de coordinación entre los juezgados y el MOPT o a problemas con las direcciones para notificar a las partes.
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"El tema de las expropiaciones no se mejora con reformas legales. ¿Por qué lo digo? porque por más que se hagan reformas a la ley, si no tienes el recurso humano, la disposición y el compromiso de los funcionarios administrativos y judiciales no vas a obtener resultados", señaló Bernardo Lara, procurador adjunto que trabaja en expropiaciones desde 1987.
Antes de aprobar la iniciativa en primer debate, este miércoles, los legisladores concordaron en hacer un cambio solicitado por el socialcristiano Luis Vásquez, para que en el avalúo no solamente se tomen en cuenta los datos del terreno y el inmueble que lo ocupe, sino también la actividad comercial que se realice en el sitio.
Juan Luis Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), aseguró en un comunicado de prensa que, al entrar en vigencia, la iniciativa "permitirá una movilización eficiente, sin contratiempos y le dará al país la oportunidad de ser más competitivo".
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"A corto plazo, esta iniciativa podrá beneficiar a múltiples proyectos, como la ampliación de la ruta San José-Cartago o eventuales procesos de expropiación para la ruta 32, o la ruta a San Ramón", apuntó Marco Vinicio Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
A través de una nota de prensa, el Gobierno también manifestó satisfacción, pues se indicó que se evitaría interrupciones en el avance de "importantes proyectos de obra pública para el país".
"El Estado podrá disponer de manera más rápida de los terrenos necesarios para el desarrollo de infraestructura vial, que ofrezcan la movilización que los ciudadanos merecen", dice en el comunicado oficial del Ejecutivo.