Los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Público recibieron a la contralora general, Marta Acosta, para conocer un informe del ente contralor sobre el centro de datos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en una sesión secreta de ese órgano.
Debido a que el informe contiene información grave, el presidente del foro, el diputado Mario Redondo, solicitó a periodistas, asesores y público de la comisión salir del salón.
El Centro de Datos de Internet (CDI) le costó al ICE $70 millones, o sea a un costo un 40% superior a lo aprobado por la junta directiva de la entidad (originalmente se aprobaron solo $51 millones en el 2007) y actualmente solo se utiliza el 12% de su capacidad.
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Ese edificio está en Guatuso de El Guarco, en Cartago, y tiene una dimensión de 2.200 m² para el área de cómputo y de soporte de servicios.
Antes del informe de la Contraloría sobre esa edificación, que conocen hoy los legisladores, ya en el 2011 un informe de la Auditoría Financiera del ICE criticó la deficiente dirección del proyecto, la ausencia de controles administrativos y reveló que los costos reales exponían a la Institución a posibles pérdidas.
De hecho, las ganancias proyectadas por el ICE para el primer quinquenio de funcionamiento del centro de datos no llegan ni al 1% de lo proyectado.
El arranque de las obras del CDI fue reportado oficialmente en febrero del 2009, pero la factibilidad de la obra se presentó 11 meses después.
El ICE inició la obra sin conocer si era rentable y sin aval del consejo directivo. Lo curioso es que, pese a que ese arranque fue reportado en el 2009, la dirección del proyecto ya había incurrido en gastos millonarios por “obras en construcción” durante el 2008.
La declaración como secreta de la sesión de la Comisión de Gasto Público se basa en la aplicación del artículo 35 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Empresas del Sector Telecomunicaciones.
Pese a cobijarse bajo ese manto, el ICE sí está obligado a reportar sus estados financieros y rendir cuentas una vez al año ante el Consejo de Gobierno y la Contraloría General de la República.
Actualmente, el ICE sostiene una demanda judicial contra el Estado, para echar abajo el decreto ejecutivo que lo obliga a dar esos reportes.