Defensoría de los Habitantes denuncia 'oligopolio' en mercado de telefonía móvil

Afirma que pocas empresas controlan negocio y consumidores podrían salir perjudicados si no hay vigilancia de costo

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San José

La Defensoría de los Habitantes declaró su "total oposición" a que las tarifas del servicio de telefonía e Internet móvil queden sin la regulación de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) a falta de condiciones de competencia efectiva. Para la Defensoría, lo que existe es un oligopolio.

En teoría económica, un mercado de bienes o servicios se halla en condición de oligopolio cuando un número reducido de oferentes controlan y acaparan la ventas.

A criterio de la Defensoría, el mercado minorista de telefonía móvil "no puede ser declarado en competencia efectiva y continua presentando indicios de dominancia conjunta", afirmó Montserrat Solano Carboni, defensora de los Habitantes.

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Para la funcionaria, aún se necesita regulación tarifaria para prevenir posibles prácticas monopolísticas en detrimento de los derechos e intereses de los usuarios. Según razona la defensora, para identificar cuándo un mercado se vuelve competitivo, el análisis debe ir más allá de cuántos prestadores de servicios hay.

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En Costa Rica hay cinco operadores minoristas de telecomunicaciones móviles: tres de ellos acumulan 98,7% del mercado de líneas prepago y pospago, y dos operadores virtuales; con 1,3%, según estadísticas de la Sutel a diciembre anterior.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y su marca Kölbi acaparan 53,3% del mercado, la empresa mexicana América Móvil (marca Claro Costa Rica) tienen el 19,7% y la española Telefónica (marca Movistar Costa Rica) el restante 25,7% . Se trata, en total, de un negocio constituido por 8,3 millones de líneas valorado en ¢347.700 millones hace un año.

Según Solano Carboni, si el Consejo de Sutel llegase a ordenar la desregulación tarifaria de este mercado, emitiría un acto administrativo "seriamente viciado en su motivo; tan seriamente viciado que se estaría en presencia de una nulidad absoluta, en los términos de la Ley General de la Administración Pública", afirmó.

En agosto pasado, la Sutel presentó la llamada "Propuesta de definición de los mercados relevantes asociados a los servicios móviles, análisis del grado de competencia, determinación de los operadores y proveedores importantes en dichos mercados e imposición de obligaciones". Esta se publicó en el sitio oficial de Sutel, mediante oficio 05971-SUTEL-DGM-2017.

Actualmente, por ejemplo, el minuto para clientes pospago cuesta ¢30 sin impuesto de ventas, mientras que para los de prepago va de ¢34 a ¢40 (ya incluye el impuesto de ventas), según el plan de consumo. La tarifa por transferencia de datos sin el impuesto de ventas es de ¢0,0076 por kilobit transferido.

De estos mercados, sin embargo, el que más pesa para los operadores es el de clientes pospago, por generación de ingresos.

Si la propuesta se consolida, al declararse el segmento de líneas pospago en competencia efectiva, se permitiría a las operadoras cobrar la descarga del servicio de Internet móvil sin topes tarifarios y sin restricciones, como la que establece la llamada "política de uso justo".

Esta política supone que los usuarios pospago (en prepago no se aplica) hoy tienen límites en su consumo de datos de forma que, consumida cierta cuota de datos impuesta por su proveedor, este puede reducir unilateralmente su velocidad de acceso a la red móvil hasta el siguiente período de facturación.

"Esta nueva propuesta de Sutel la recibimos con sorpresa, pues en noviembre anterior la propia Sutel declaró que aún no se daban condiciones para declarar estos mercados en competencia. Mayor sorpresa aún nos generó que los datos analizados por Sutel no varían sustancialmente de la información analizada hace menos de un año. Las condiciones no han cambiado, pero la consideración de Sutel sí", afirmó la defensora, la mañana de este jueves.

Sin comentarios

Este diario consultó a los miembros del Consejo Directivo de la Sutel su postura sobre los señalamientos vertidos por la defensora. Los voceros, sin embargo, declinaron referirse.

En su lugar, la entidad remitió un comunicado de prensa donde, sin hacer alusiones a las denuncias de Solano, afirma que a partir de hoy empezará el análisis de 10.462 observaciones que ha recibido como parte del proceso de consulta pública referente a la declaratoria de competencia efectiva del mercado de telecomunicaciones móviles.

En dicha emisión, la Sutel se declara complacida por la participación ciudadana en el proceso con el envío de posiciones y agrega que todas se incorporarán en el análisis técnico que se está realizando, por lo que, de momento, el órgano regulador no se referirá a los argumentos específicos de las observaciones recibidas.

"Es importante indicar que la Sutel continuará gestionando este tema con la mayor transparencia como órgano regulador y en apego a lo que señala el ordenamiento jurídico de las telecomunicaciones en el país, con el fin de promover más y mejores beneficios para los usuarios de las telecomunicaciones. Asimismo, será respetuosa en todo momento de lo que indiquen los órganos jurídicos costarricenses", indica el comunicado de Sutel.

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Solano recordó que el Reglamento de Protección al Usuario Final del Servicio de Telecomunicaciones obliga a los operadores a brindar a sus clientes toda la información necesaria, para decidir cuál servicio conviene y de cuál operadora.

Sin embargo, afirmó la defensora, en noviembre del año pasado la Sutel detectó situaciones que dificultaban a las personas el uso adecuado de la información y esto afectaba su decisión final.

Información para decidir

La propia Sutel desarrolla un sistema que permitirá al consumidor comparar la oferta comercial de todos los operadores. Dicho sistema se adjudicó en junio y, según Sutel, podría estar disponible a partir de diciembre.

Según la defensora, esto impide una declaratoria efectiva del mercado así como el bajo nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios actuales.

En agosto del año anterior, la Sutel realizó un estudio de calidad de los servicios móviles y descubrió que las tres principales empresas del mercado incumplen la velocidad de descarga de datos que pagan sus clientes.

El estudio Encuesta de Percepción de Calidad reveló que el ICE alcanzó en promedio un 41,6% de la velocidad que dice ofrecer en la red 3G a nivel nacional, que es de 3 megabits por segundo (Mbps). Es decir que llega a una velocidad de Internet de 1,2 Mbps.

La española Movistar logró 65,5% (2,6 Mbps de 4 Mbps posibles) y la mexicana Claro, cerró en 72,5% con 3,6 Mbps de 5 Mbps que ofrece a sus clientes.

De acuerdo con la Sutel y el análisis de esa encuesta, las operadoras Movistar, Claro y Tuyo cumplen con las expectativas de calidad y servicio hasta en un 70%, Fullmóvil 66% y Kölbi cerró en 35%. Sin embargo, la Defensoría afirma que, a partir de esos mismo datos, la satisfacción con las operadoras en conjunto llegó a solo 51,7%.

Además, el propio informe de calidad indica que 57,1% de usuarios encuestados desconocen la velocidad contratada para el servicio de Internet móvil.

También 86% afirmó desconocer las áreas de cobertura que su respectivo proveedor publica su página web y 90% de consultados desconoce los mapas de velocidad de acceso al servicio del proveedor.

En tales condiciones, afirma la Defensoría, se incumplen los parámetros de la propia Sutel para determinar que exista una competencia efectiva y por lo tanto, esa eventual declaratoria, a criterio de la Defensoría, perjudicaría a los usuarios.