El avance de la nueva carretera a San Carlos topó con otra piedra: la Contraloría General de la República (CGR) denegó la autorización para variar el monto y plazo del contrato de la obra al hallar inconsistencias en la gestión.
El informe revela que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no presentó información básica para dar luz verde a los $43 millones (¢21.500 millones) que solicitó en junio para concluir obras.
“Llama la atención que en un proyecto de tanta importancia para el país se hicieron consultas medulares que no fueron atendidas con la debida diligencia”, dijo German Brenes, gerente de Contratación Administrativa de la CGR.
En ese monto se contemplaba la ampliación de dos puentes sobre la ruta, movimiento de tierra y cambios de líneas en unos 10 kilómetros entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de San Carlos.
Deficiencias. El documento anota que Conavi no explicó por qué considera que las variantes actuales no requieren del visto bueno de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
A eso se suma la falta de estados financieros que reflejen el total de las operaciones de la empresa constructora Sánchez Carvajal S. A., encargada de las obras.
“Existe una diferencia entre el grado de avance físico y financiero del proyecto actual, sin que se haya presentado justificación al respecto”, critica el informe.
En junio de este año se reveló que un humedal, una falla en el terreno y problemas en los taludes, encarecerían el proyecto en $80 millones (unos ¢40.000 millones) .
Pedro Castro, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), reconoció que en las próximas semanas entregarán los documentos que requiere el ente contralor.
“La carretera a San Carlos no se puede detener; el Conavi debe trabajar en la presentación de los documentos complementarios. Vamos a trabajar lo más pronto posible”, explicó el ministro Castro.
La CGR añadió que no se indica el avance físico total de la carretera y que no se aportó el grado de avance físico y financiero por la actividad constructiva de los puentes.
Del 2011 a la fecha, la obra –de 30 kilómetros– ha aumentado su costo un 57%, pues pasó de $140 millones a $220 millones, según los cálculos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Con una parte del dinero también se deben pagar expropiaciones y el estudio revela que no quedó demostrado que los recursos presupuestarios son suficientes.