La contralora General, Marta Acosta, propuso este miércoles a los diputados recortes al Presupuesto Nacional del 2015 por unos ¢200.000 millones, disminución que a su juicio se puede hacer sin afectar la prestación de servicios.
Acosta sostiene que ese es el monto que históricamente el Gobierno es incapaz de ejecutar al año, según un análisis que realizó la Contraloría General de la República (CGR) desde el 2007.
El recorte planteado por Acosta significaría una reducción del 2,5% en el presupuesto para el próximo año que supera los ¢7,9 billones (millones de millones).
Es decir, que equivale al 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) del 2015, cuando se prevé que la inflación sea del 6,7% de la producción.
“Es un insumo técnico que estamos dando a los diputados. Si no se hacen recortes, podemos enfrentar un mayor deterioro de las finanzas públicas como hemos anunciado desde hace rato. Esto se convierte en una espiral que puede afectar la capacidad operativa del Gobierno, la prestación de los servicios y, por ende, la calidad de vida de los costarricenses”, dijo Acosta, durante su comparecencia en la subcomisión legislativa que analiza el Presupuesto Nacional, a lo interno de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
El ente contralor concluyó que existe una serie de partidas con una subejecución inferior al 80%, principalmente en los rubros de servicios, materiales y suministros, así como bienes duraderos.
Aunado a ello, los presupuestos de algunas instituciones son muy superiores a la inflación prevista para el 2015.
Por ejemplo, el Poder Ejecutivo destinó ¢16.000 millones a la Fundación Omar Dengo, un 29% más que hace un año, el equivalente a seis veces la inflación.
Además, esa entidad en los últimos dos años solo fue capaz de ejecutar entre el 68% y el 60% de los recursos asignados.
“Debe servir esta coyuntura para ser más ahorrativos y hacer un gasto de calidad”, dijo Acosta, quien se comprometió en revisar también el presupuesto de la CGR.
Camino correcto. La propuesta de Acosta fue bien recibida por los diputados, quienes consideran que será un insumo importante para hacer los recortes.
El legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, manifestó que deben analizar institución por institución para definir a cuáles les eliminarán del presupuesto el monto no ejecutado, aunque reiteró que es necesario también hacer recortes en horas extras, aumentos por anualidades y dedicación exclusiva, en aras de que la disminución total sea del 1% del PIB, unos ¢300.000 millones.
“Aquí hay un desorden y una irresponsabilidad en materia de gastos y se piden presupuestos que no se ejecutan porque los jerarcas muchas veces son guiados por la inercia y sin preparar la ejecución proceden a inflar las cifras”, acotó el diputado oficialista.
Por su parte, Rolando González del Partido Liberación Nacional (PLN), aseveró que Acosta les confirmó que van por el camino correcto y que envió una misiva a los jerarcas de los tres poderes de la República, a la CGR y a la Defensoría de los Habitantes, para que digan dónde se pueden hacer los recortes.
“Estamos dándoles margen para que digan desde una visión técnica qué se puede recortar, pues de lo contrario vamos a usar el criterio legislativo. Quedemos convencidos de que hay margen para reducir el presupuesto, sin afectar algunos rubros importantes”, agrego el liberacionista.
La Contralora prevé presentar el informe técnico sobre el Presupuesto Nacional el próximo martes 7 de octubre, su presencia este miércoles se debió a una invitación que le cursó Solís, en su condición de presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios.