Las empresas constructoras prefieren pagar la póliza de riesgos del trabajo y omiten cancelar sus responsabilidades con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Mediante esta maniobra, los patrones se aseguran la atención médica de sus empleados si ocurren accidentes laborales, pero los dejan descubiertos en caso de enfermedades, lo mismo que a sus familias.
Gustavo Picado, gerente Financiero de la CCSS, explicó que han detectado esa práctica mediante controles cruzados con los datos del Instituto Nacional de Seguros (INS). No obstante, no tenía, este lunes, el detalle del número de casos.
El dato que sí está claro es la cantidad de firmas constructoras morosas.
Se trata de 993 compañías que mantienen una deuda de ¢4.365 millones con la seguridad social.
“El sector de la construcción es un sector bastante atípico porque, por lo general, lo que hacen es suscribir una póliza de riesgos del trabajo y no pagar los seguros con la Caja Costarricense de Seguro Social”, dijo Picado.
Agregó que esta situación se da por la naturaleza del oficio, el cual tiene un alto riesgo de percances laborales.
“Desde el punto de vista de la CCSS, lo que cubrimos son riesgos comunes o por enfermedad, no los riesgos derivados de accidentes del trabajo, esos seguros los administra el INS”, manifestó el gerente de la Caja.
La deuda del sector construcción con la seguridad social es la quinta más importante. El comercio es la actividad económica con mayor morosidad.
La información fue suministrada por la Dirección de Cobros de la CCSS, con corte el mes de agosto de 2016.
En los últimos tres años, los patronos dedicados a la construcción han figurado entre el sexto y cuarto lugar de morosidad. Por ejemplo, para el año 2013 más de 1.200 empleadores debían ¢4.630 millones.
Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), reconoció que en el gremio se dan malos hábitos, pero no de forma generalizada.
LEA TAMBIÉN: Deudas con Caja y crisis ahogan a escuelas privadas
“Pasa de todo. Pasa que están (inscritos) en el INS y no lo están en la Caja o están en la Caja y no están en el INS (...), pero sería temerario decir que es una práctica común”, expresó Murillo.
Según la Cámara, esta situación provoca competencia desleal entre las compañías, pues quienes no cumplen con la normativa legal, tienen menos gastos operativos.
“Como representantes del sector construcción apelamos a cumplir con toda la normativa y eso no es negociable, toda aquella empresa que tenga morosidad y no tenga justificación para ello debe ser sancionada con lo que estipula la ley”, añadió Murillo.
No obstante, no es requisito para ser afiliado de la CCC, estar al día con la CCSS. La Cámara tiene 400 miembros.
Consecuencias. Además de enfrentar procesos de cobro administrativo y judicial, los morosos se exponen al cierre de sus negocios, prohibición para ofrecer servicios al Estado y embargos.
En el caso de los trabajadores, Picado afirmó que no sufren problemas a la hora de acudir a los centros de salud.
El funcionario manifestó que la Caja está en la obligación de atenderlos y la factura por los servicios médicos brindados se traslada a la deuda que mantiene el empleador con la entidad.
Diez compañías concentran el 24% del déficit, equivalentes a ¢1.062 millones. MDG Constructores es el mayor deudor, con ¢177 millones, seguida por Instalaciones Araya S.R.L (¢170 millones), Charpentier Duque y Asociados (¢141 millones) y M Halabi y Asociados (¢129 millones).
La Nación trató de contactar a estas compañías, pero muchas de ellas ni siquiera registran teléfonos a su nombre. Se enviaron correos electrónicos a varias, pero no respondieron.