Las familias artesanas que ocupan la calle al costado oeste de la Plaza de la Democracia rechazan un eventual traslado hacia el cercano edificio “El Frontón”, porque consideran que perderían el punto de venta ya establecido.
“En 1994, yo estuve dentro del grupo de artesanos que fueron trasladados de la plaza de la Cultura hacia donde estamos hoy. Fue durísimo convertir esta calle en punto de venta. De unos 156 vendedores, solo quedamos 88. El cambio nos golpearía los bolsillos y nuestras familias dependen de este negocio”, dijo Teresa Carvajal, artesana desde hace 40 años.
Se trata de 88 familias que se instalaron en el lugar hace 19 años. Hoy retribuyen a la Asociación de Artesanos unos ¢80.000 mensuales por el espacio y por el pago de agua, luz y personal administrativo del mercado.
“No estamos dispuestos a pasarnos al nuevo mercado. La municipalidad siempre nos ha tratado como si esto fuera un precario. Ahora no se dan cuenta de que ellos asumieron el compromiso de dejarnos acá”, aseguró por su parte la artesana Míriam Hidalgo, quien vive en Coronado.
Ley fallida. El conflicto entre el grupo de artesanos y el Gobierno se inició luego de que en julio del 2009 la Asamblea Legislativa aprobara un proyecto de ley para cederles la calle 13 bis, donde aún funciona el mercado de artesanías.
En esa ocasión, el plan fue aprobado en dos debates y contó con el apoyo del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN).
Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por Poder Ejecutivo y el presidente de la República, Óscar Arias, vetó la ley para evitar que los vendedores de artesanía tuvieran el control de ese espacio.
“Tengo casi 20 años de vender camisetas en el mercado. Hay una cuestión de arraigo y de que el municipio ha hecho todo su proyecto sin consultarnos y sin explicarnos cuánto nos cobrarían por el nuevo mercado”, indicó Juan Rodríguez, presidente de la Asociación.