La empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), encargada de la ampliación de la ruta 32 entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón, actualmente tiene 19 reclamos activos. Estos reclamos abarcan una variedad de aspectos, incluidos diferencias de costos, alcance de obras, atrasos y otros temas que la empresa atribuye a la Administración.
Para resolver estos desacuerdos, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y la compañía han recurrido a un Centro de Resolución de Conflictos (CRC). En una primera disputa, el CRC falló a favor de CHEC por un monto de $25 millones. Este reclamo se originó debido al retraso en el inicio de las obras, ya que el contrato se firmó en junio de 2013, pero la orden de inicio se dio hasta noviembre de 2017, debido a problemas con permisos, expropiaciones y traslados de servicios públicos.
Según el acta de la sesión del Consejo de Administración del Conavi del 12 de febrero, se presentaron dos nuevas solicitudes de CHEC. Estas solicitudes abordan tres reclamos adicionales, que incluyen temas como el reajuste o actualización de precios contractuales por intangibilidad patrimonial, la determinación de montos relacionados con la ejecución del contrato y discrepancias sobre el porcentaje a reconocer a CHEC por las posibles labores de relocalización de servicios públicos. También hay una disputa por el reequilibrio económico debido a costos adicionales imputables al Conavi.
El año pasado, ante los diputados de Limón, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, mencionó que las reclamaciones de CHEC ascendían a $189 millones. En esa ocasión, ni Amador ni el ministro de Hacienda Nogui Acosta detallaron la fuente de los fondos para hacer frente a esos pagos y las obras complementarias.
En cambio, advirtieron que se buscaba una prórroga con el Eximbank de China, ya que el financiamiento para completar la carretera vencía en abril, y las obras estarían listas hasta fin de año, por lo que el proyecto corre el riesgo de quedar desfinanciado. A la fecha no se ha anunciado por parte del Gobierno, si dicha prórroga ya fue avalada.
Recientemente, la unidad ejecutora aseguró ante las consultas de este diario, que los recursos para cubrir los pagos provendrían de una partida de indemnizaciones de Conavi.
Obras complementarias sin futuro claro
En cuanto a las obras complementarias, como pasos peatonales, ciclovías, aceras, bahías de buses y otras infraestructuras de seguridad vial, el Consejo Nacional de Vialidad confirmó que se considerarán en una fase adicional, postergándose hasta la entrega de la ampliación de los 107 km de la vía. Esto se debe a que la Contraloría General de la República les prohibió realizar estas obras hasta que se concluya el objeto contractual inicial, por lo que deberán ser nuevamente licitadas.
El costo inicial del proyecto era de $534 millones, con $465 millones provenientes del financiamiento con el Eximbank y $69 millones correspondientes a una contrapartida estatal. A esta cifra se sumarán los pagos de los reclamos de CHEC y el sobrecosto de las obras aún pendientes de ejecución.
Las obras contratadas a CHEC incluían la ampliación a cuatro carriles de 107 km de vía, la construcción de 33 nuevos puentes, 13 pasos a desnivel, 11 retornos, 24 puentes peatonales y las cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que 11 de los pasos a desnivel e intercambios serán modificados a rotondas como medida para reducir costos y agilizar las obras debido a la falta de expropiación de decenas de terrenos.
Según el informe de avance más reciente, el porcentaje de ejecución alcanzó el 84% en diciembre. El plazo de finalización, tras la última prórroga aprobada, vence en diciembre de este año. Hasta ahora, la empresa obtuvo cinco extensiones en el plazo de finalización de los trabajos que originalmente debían haber concluido en octubre de 2020.