2012
Julio La Conferencia Episcopal presentó una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo para evitar el pago de cargas sociales a la CCSS
OctubreEl Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la medida cautelar solicitada por la Iglesia católica para suspender el cobro de cargas sociales ordenado por la CCSS
DiciembreEl Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso admitió una impugnación de los abogados de la Iglesia y suspendió la orden de la Caja hasta que se resuelva el conflicto.
2014
OctubreEl próximo 31 de octubre a las 8:30 a.m será la audiencia preliminar entre la Conferencia Episcopal y la Caja Costarricense del Seguro Social para definir el futuro del caso.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Iglesia católica mantienen una disputa legal por el pago de cargas sociales sobre el salario de los sacerdotes.
El asunto se discute en el Tribunal Contencioso-Administrativo con el expediente número 12-004436-1027-CA. El próximo 31 de octubre habrá una audiencia preliminar para determinar si el conflicto va a juicio o no.
La Caja sostiene, desde el 2012, que existe una relación obrero-patronal entre los sacerdotes y la Iglesia. La decisión se fundamenta en un informe de la Dirección de Inspecciones de la CCSS.
No obstante, la Conferencia Episcopal de Costa Rica rechaza esa posición y se niega a pagar las obligaciones que exige la CCSS como a cualquier patrono.
Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, explicó que desde 1984 la Iglesia protege a su clero bajo la figura de un convenio de aseguramiento colectivo.
“Ese es un método que usamos usualmente para asegurar a pequeños y medianos agricultores independientes o estudiantes de universidades públicas”, dijo Picado.
El convenio –renovado por última vez en 2004– consiste en que el Estado aporta el 8% del seguro social y el trabajador (sacerdote) el 4%. El salario base para ese sistema es de ¢181.000.
La pretensión de la Caja es que la Conferencia Episcopal pague las cargas sociales como cualquier otro empleador del país.
De acuerdo con la Dirección de Inspecciones, el salario de los padres debería de ser ¢498.616.
De progresar la idea de la Caja, la Iglesia tendría que empezar a pagarle a la entidad aseguradora el 26,67% de ese monto, por rubros como el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la cuota del Banco Popular, Asignaciones Familiares y Ley de Protección al Trabajador, entre otros.
“Eso se hizo durante varios meses, pero la Conferencia Episcopal presentó un acto ante el Tribunal Contencioso y el Tribunal suspendió la facturación por planillas y reivindicó el convenio que se venía manejando”, agregó Picado.
El 12 de octubre de 2012, el Tribunal Contencioso-Administrativo rechazó una medida cautelar solicitada por la Conferencia Episcopal, pero el 28 de diciembre de ese miso año el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso dio la razón a la Iglesia y suspendió el cobro de planilla ordenado por la CCSS.
La decisión de los jueces consta en la resolución oral 693-2012.
Javier Román, ecónomo de la Arquidiócesis de San José, afirmó, días atrás, que la Iglesia paga a los curas un “subsidio” de ¢250.000 y que ese monto cambia según los ingresos de cada diócesis.
Defensa. José Rafael Fernández, abogado de la Conferencia Episcopal, señaló que las intenciones de la Caja no tienen fundamento legal porque entre los sacerdotes y la Iglesia católica no existe ningún vínculo laboral.
“El quid está en que se varió la condición de sacerdote y se le equiparó a un trabajador común y corriente (...). El sacerdote, por su vocación y llamado de Dios consagra su vida entera al servicio de los demás. No lo hace por un trabajo; no por un horario , no por una satisfacción personal, sino por la vocación”, aseveró Fernández.
El abogado añadió que intentaron llegar a un acuerdo, pero “no hubo apertura” de la Caja.