La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene previsto terminar esta semana el análisis técnico para determinar cuáles empresas podrían administrar, a partir de febrero, los 45 Ebáis de los cantones de Montes de Oca, Curridabat y parte de La Unión.
Ese estudio permitirá saber si las firmas que mostraron interés en dar servicios en esos centros de salud, tienen la capacidad para hacerlo.
Así lo explicó a La Nació n la gerente médica de la CCSS, María Eugenia Villalta, días atrás.
La evaluación, según dijo Villalta, ha tomado en cuenta desde la experiencia del oferente en el campo de la salud, hasta el personal con el que estarían operando los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis).
“Solicitamos a algunos oferentes que subsanen algunos detalles, pero son (cosas) menores”, dijo la jerarca de la Caja.
Ese proceso se realiza para tener todo listo antes del 14 de febrero del 2014, último día en la que Universidad de Costa Rica (UCR) estará a cargo de los 45 Ebáis localizados al este de la capital.
Desde mediados del mes de abril, la UCR y la Caja negociaron un adéndum al contrato que, por más de diez años, dejó en manos de los universitarios la atención en salud para casi 70.000 asegurados. La CCSS desembolsaba cerca de ¢500 millones mensuales en el pago de esos servicios.
Terminado el análisis técnico se procederá al detalle financiero de cada oferta, explicó la gerente.
Uno o varios. Meses atrás, la Caja informó de que varias cooperativas que hoy tienen a su cargo la atención médica en zonas como Tibás y Pavas, son parte de las interesadas en prestar servicios en los cantones al este de San José.
Sin entrar en detalle, Villalta explicó que la selección de los administradores será variada, pues las ofertas van desde el tomar el control de un solo Ebáis, hasta hacerse cargo de todos los centros de salud de un cantón.
La resolución final del futuro de los Ebáis deberá conocerse, a más tardar, en noviembre, pues los seleccionados deberán coordinar con la UCR la transición de expedientes médicos.
También está pendiente conocer si las firmas interesadas echarán mano de los 400 funcionarios de la UCR que quedarán desempleados a partir del 14 de febrero.
En abril, ni la Caja ni la Universidad pusieron como condición a los oferentes la contratación de ese personal, pero una de las cláusulas del convenio menciona que se buscarán opciones laborales para dicho grupo.
Se espera que para los próximos días se tengan definidos los costos reales que la Caja tendrá que pagar a la UCR por sus servicios de salud y que fueron, en principio, el comienzo del conflicto entre ambas instituciones.