La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estudia dar al Estado parte del pago del seguro de salud de las empleadas domésticas.
Esa es una de cuatro posibilidades que revisa la Gerencia Financiera como parte del interés institucional de asegurar a los grupos más vulnerables de la población y de mayor dificultad de aseguramiento.
Este grupo es uno de los que más desprotección tiene, sobre todo en el seguro de pensiones, que cubre los riesgos de invalidez, vejez y muerte.
La Junta Directiva de la CCSS conoció este jueves una propuesta para asegurar a estos grupos, entre ellos las empleadas domésticas y los recolectores de café.
La intención, informó Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, es tener una fórmula definida a inicios del próximo año.
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Según datos de la CCSS, existe un 44% de empleados que, a pesar de trabajar, no contribuyen con el pago del seguro de salud y de pensiones.
En el caso de las trabajadoras domésticas, solo el 30% de ellas están aseguradas, a pesar de que un 74% labora en hogares de altos ingresos.
Aunque en noviembre el ministro de Hacienda, Helio Fallas, aseguró que "la situación fiscal no permitía financiar nuevos gastos", esta mañana Picado dijo que para el país resultaría de más impacto asumir, en un futuro, la atención de adultos mayores sin seguro ni pensión.
Picado hizo énfasis en el principio de solidaridad financiera que regiría las nuevas modalidades de aseguramiento, tal y como sucede con las otras que ya existen.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz, aseguró que la propuesta forma parte de una mayor que busca garantizar la sostenibilidad financiera de la Caja.
Entre las otras opciones para estas trabajadoras se incluye la posibilidad de crear una categoría de multipatronos para reportar simultáneamente a varios empleadores. También se contempla crear la categoría de trabajadora doméstica autónoma.
Para otro tipo de empleados, como recolectores de café y trabajadores independientes, esta gerencia también está estudiando otras opciones de aseguramiento que no solo les garanticen la atención en salud cuando lo necesiten.
La gerencia tiene cinco meses de plazo para presentar una propuesta definitiva, de cara a tomar una decisión en el 2016.