La Sala Constitucional indicó que el salario de los empleados del Estado es un dato público y no puede ser catalogado como información personal de acceso restringido.
Así lo consideró al resolver un recurso de amparo interpuesto en setiembre del 2013 por el periodista Alejandro Fernández contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Los magistrados señalaron que cuando una información es pública, ningún ciudadano está obligado a justificar ante la Administración las razones por las que solicita los datos.
“El Estado tiene el deber de informar al administrado acerca de sus actuaciones y, progresivamente, hacer accesible la información que se encuentre en su poder mediante los medios tecnológicos de que disponga”, añade el fallo.
José Luis Valverde, director de Comunicación Organizacional de la CCSS, indicó que la entidad siempre ha estado anuente a que los salarios de sus más de 50.000 empleados sean conocidos en el momento que se requiera.
“En incontables ocasiones hemos tramitado ante la dependencia de Recursos Humanos los requerimientos formulados por los periodistas de los distintos medios de comunicación; en el caso particular de la solicitud aludida, el recabar esa información histórica es muy distinto a la que se genera día a día, que puede ser suplida con celeridad pues lo otro demanda un trabajo más laborioso al que hay que dedicar horas-funcionario, que lógicamente tiene un costo que debe ser sufragado”, consideró Valverde.
En este caso, la Sala se refiere al salario de todos los empleados públicos, información en poder de la Caja.
El recurrente Fernández criticó que la Sala legitime que el Estado transfiera a los ciudadanos el costo de la digitalización de la información pública.
“Eso limita, per se, el acceso a la información pública; impone una barrera”, dijo Fernández.
Nota del editor: Esta información fue corregida a las 9:50 a.m.