En momentos en que los diputados discuten varios proyectos de ley para impedir la existencia de salarios superiores a ¢5,3 millones en el sector público, casi 1.200 funcionarios superan esa frontera imaginaria, tanto en las instituciones descentralizadas como en el Gobierno central.
Si el tope hubiese existido antes de que estos servidores empezaran a ganar estos sueldos, el Estado se habría ahorrado casi ¢26.250 millones anuales, más de tres veces lo que costará el nuevo puente de la 'platina'.
Actualmente no existe ningún techo para impedir el crecimiento de las remuneraciones públicas, lo que permite que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) reportara un sueldo de ¢19,8 millones.
De hecho, el 70% de los funcionarios que superan el tope en debate en el Estado trabajan para la CCSS. De los 829 empleados que rebasan esos ¢5,3 millones en esta institución, 630 son médicos especialistas o generales, mientras que 120 califican como decanos, jefes de área o jefes de departamento.
Por debajo de la Caja, aparecen la Universidad de Costa Rica (URC), con 57 altos salarios; la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), con 51; y el Poder Judicial, con 42 personas.
Así se desprende de la base de datos del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), correspondiente a junio del 2016, proporcionada por el diputado libertario Otto Guevara.
Específicamente, un total de 1.174 personas tienen estos sueldos mensuales millonarios, que le cuestan a las instituciones del Estado ¢107.000 millones por año. Con el tope salarial, ese monto se habría reducido en casi una cuarta parte.
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Las tres propuestas para fijar el tope salarial fueron presentadas primero por diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), luego por los del Frente Amplio y, finalmente, se incluyó un capítulo en el proyecto de la liberacionista Sandra Piszk que regularía las remuneraciones adicionales al salario público, recientemente enterrado por el gobierno de Luis Guillermo Solís.
Aunque los legisladores aprobaran alguna de esas iniciativas, no podrían afectar a los empleados que actualmente tienen esos sueldos, sino que aplicarían para los nuevos trabajadores que accedan a esos cargos.
UCR, CNFL y la Corte
Según indicó Mario Alexis Mena, jefe del Área de Gestión Administrativa de la Oficina de Recursos Humanos de la UCR, los datos registrados en el caso de su institución podrían deberse a pagos por alguna condición especial en las remuneraciones de estas 57 personas, por ejemplo pagos retroactivos por algún estudio de atestados que cambie la categoría de un profesor.
"Puede ser que se le paguen horas extra en ese mes, o diferencias producto de que se comience a pagar por dedicación exclusiva, o que esté en un puesto superior y que se le paguen diferencias por haber obtenido un ascenso", comentó Mena.
También calificó la base de datos del Sicere como una "fuente de información muy imprecisa, poco rigurosa para
quien quiera conocer la realidad de la información de cada institución", aunque reconoció que se acerca a la realidad.
Para el caso de la CNFL, su director de Administración y Finanzas, Óscar Hernández, destacó que la realidad reflejada en esos datos del Sicere, a junio del 2016, no reflejan los salarios mensuales de la Compañía, sino que se debería a una situación que se dio en algunos meses del año anterior, en particular junio y diciembre.
"Nosotros pagamos quincenalmente, pero hay meses en que caen tercera bisemana: hay un mes en que se paga más y por ese hecho es que se ven salarios superiores", dijo Hernández, quien aseguró que, actualmente, solo un salario de Fuerza y Luz supera los ¢5,3 millones y es porque el empleado tiene una gran cantidad de años en la función pública.
Añadió que, si los datos de Sicere reflejan la verdadera remuneración mensual, el 2,5% de los trabajadores estaría por encima del tope.
En el reporte de junio del 2016 del Sicere, de los 52.000 trabajadores de la Caja, el 1,6% está por encima de los ¢5,3 millones. En la UCR, se trata del 0,6% y, en el Poder Judicial, del 0,3%.
Los promedios más altos
Entre los salarios que superan los ¢5,3 millones, el promedio más alto para esa fecha lo pagó el Banco de Costa Rica (BCR), con ¢8,2 millones.
En segundo lugar, se ubicó el Banco Central de Costa Rica (BCCR), con ¢7,4 millones y, en tercera fila, está el Poder Judicial, con un promedio de ¢7,3 millones. La CCSS se ubica en el cuarto puesto, con casi ¢7,1 millones.
Vale aclarar, además, que la iniciativa para poner un tope en los salarios públicos no aplicaría para las instituciones descentralizadas en competencia, o sea, ninguno de los bancos del sistema financiero nacional ni el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ni el Instituto Nacional de Seguros (INS). No obstante, la diputada Piszk ha sugerido introducir algún tipo de regulación para estas entidades.
El Banco Central, por su parte, sí sufriría las regulaciones salariales si los congresistas se inclinan por la propuesta frenteamplista, pues la socialcristiana no establece el tope para esa entidad.
Emilia Molina, del Partido Acción Ciudadana (PAC), afirma que está a favor de limitar los sueldos altos en el sector público. "Estoy segura de que, a pesar de ese tope, hay funcionarios dispuestos a trabajar, muy calificados que podrían asumir tareas de dirección y gerencia por salarios por debajo de los ¢5 millones pero siempre muy competitivos", dijo Molina.
A criterio de Otto Guevara, hay varias formas de disminuir el gasto generado por el empleo público, entre ellas racionalizar el pago de pluses salariales que no son derechos adquiridos: dedicación exclusiva, anualidades, horas extra, carrera profesional, zonaje, desarraigo.
"Lo que se impone es que la CCSS, por ejemplo, tome decisiones para distribuir esas jornadas extenuantes en dos o tres profesionales; abrir espacio para las especializaciones médicas, si es necesario contratar en el extranjero", dijo el diputado libertario.
Guevara argumentó que su bancada tiene un nuevo proyecto de ley de empleo público que unifica los 14 regímenes salariales existentes en uno solo, pero que solo aplicaría para los nuevos empleados.