La búsqueda de soluciones para el sistema de transporte público es un común denominador en los planes de gobierno de los cinco aspirantes con mayor intención de voto.
La puesta en marcha de un tren eléctrico en el área metropolitana que una las cuatro provincias centrales está en los planes del liberacionista Johnny Araya, de José María Villalta del Frente Amplio, de Otto Guevara del Movimiento Libertario y Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Rodolfo Piza, del PUSC, es el único que va más allá y plantea la posibilidad de una red de metro que cruce la capital de norte a sur.
En los propuestas de Infraestructura también hay coincidencias como la prioridad de reconstruir en definitiva la carretera entre San José y San Ramón, cuya concesión fue abortada por la presidenta Laura Chinchilla en abril del 2013.
Adicionalmente coinciden en temas como construcción y mejoramiento de aeropuertos.
Para el candidato del Partido Liberación Nacional, Johnny Araya, reactivar la construcción de obra pública permitiría al país recuperar el atraso y generar nuevos empleos. Así como reformar los consejos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El representante del Frente Amplio, José María Villalta, considera para un eventual gobierno recuperar la capacidad de construcción y ejecución de obras por parte del MOPT. Además, propone desarrollar un proyecto para la construcción del tren interoceánico.
Entretanto, el aspirante Rodolfo Piza, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), asegura que mejorará el mantenimiento y renovación de las carreteras nacionales.
Por su parte, Guevara propone comprar terrenos para la instalación de un nuevo aeropuerto internacional.
Para Luis Guillermo Solís, ya están claras las obras de infraestructura cuya construcción comenzaría como parte de un plan de emergencia al inicio de su posible gobierno. Entre sus iniciativas también está una nueva ley de concesiones que elimine los peajes con tasas abusivas, la sesión de contratos entre empresas, el subsidio del Estado y la garantía de ingresos mínimos.