La exdirectora del Área de Interés Social del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Amarylis Aguilar, pidió que se anulara su despido sin responsabilidad patronal, acordado por la Junta Directiva de la entidad el 21 de enero.
Aguilar fue despedida por decisión de los directivos tras comprobar que la funcionaria dio casas de bien social a familiares suyos , en el proyecto Radial II, en Guararí de Heredia.
La solicitud de anulación de este despido fue rechazada nueve días después, de manera unánime, por la Junta Directiva del INVU con base en la ley orgánica del Instituto.
El presidente ejecutivo de la institución, Álvaro González, y los directivos José Antonio Corrales, José Ernesto Bertolini, Marco Antonio Vásquez, Mauricio Mussio y Sonia Villalobos rechazaron la solicitud de Aguilar, según consta en el acta de rechazo del recurso, del 30 de enero.
Los directivos del INVU, además, rechazaron la apelación porque en el expediente de Aguilar no aparece ningún poder especial, judicial ni administrativo otorgado al abogado de la funcionaria, Miguel Jiménez.
El abogado Miguel Jiménez, en calidad de representante de Aguilar, fue quien presentó el recurso de revocatoria y nulidad al despido de la funcionaria, el 23 de enero.
En la apelación, el abogado argumentó que la Junta Directiva de la institución carece de potestad para despedir a la funcionaria y que las anomalías señaladas habían prescrito por tratarse de un proyecto de vivienda del 2008.
“La competencia en materia disciplinaria es exclusiva de la Gerencia General del INVU, y no de la Junta Directiva”, dijo Jiménez.
“Los funcionarios que son despedidos tienen derecho a apelar, pero la Junta Directiva es el máximo órgano, según la ley orgánica de la entidad”, afirmó el presidente ejecutivo del INVU, Álvaro González.
En el recurso también se calificó de “ilegal, ilógica, incompatible (...) arbitraria, parcializada, antojadiza y subjetiva”, la investigación que hizo el INVU, en donde se comprueban las irregularidades en que incurrió la funcionaria.
Aguilar no respondió las llamadas de La Nación para referirse a la desestimación del recurso.
Beneficios. En la investigación del INVU, realizada por el abogado Fernando Bolaños, se comprobó el beneficio irregular a la cuñada de Aguilar, Ángela Murillo González, a su sobrina Lauren Guzmán Aguilar y a la suegra de Guzmán, Estrella Rutherford Scott.
A la oficina de Amarilys Aguilar le correspondía revisar y presentar las listas de beneficiarios, mientras que la aprobación estaba a cargo del jefe de Ejecución de Proyectos del INVU, Arturo Argüello, quien también fue despedido.
El INVU también lleva a cabo un proceso administrativo contra el ingeniero Jorge Chaverri Sánchez y la trabajadora social, Lorena Prigle Ulate, por supuestas anomalías en el proyecto de interés social Radial II, ubicado en Guararí, Heredia. En esa obra, hogares pobres del asentamiento quedaron sin casa, mientras se favoreció a tres parientes de la exdirectora Aguilar.