La tarde de este jueves, un grupo de 13 diputados intentó aprobar una moción para torcerle el brazo a la Comisión Especial de Pensiones y exigirle que incluya a los huelguistas del Poder Judicial en la negociación del proyecto de ley para reformar las pensiones de ese gremio.
La moción la presentó el diputado Jorge Arguedas, del Frente Amplio, casi un día después de que la Comisión rechazara, por 7 votos contra 2, una propuesta similar la noche del miércoles.
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Sin embargo, el intento no prosperó porque 25 legisladores se pronunciaron en contra.
El frenteamplista aseguró que la idea era honrar un supuesto acuerdo de junio del 2016, cuando una mayoría del plenario aceptó tomar la propuesta gremial como la base de la discusión de las pensiones judiciales.
Los diputados que votaron a favor de la moción fueron:
-Jorge Arguedas, José Ramírez, Suray Carrillo, Edgardo Araya, Gerardo Vargas Varela, Patricia Mora, Francisco Camacho, del Frente Amplio
-Víctor Morales Zapata y Marvin Atencio, del Partido Acción Ciudadana
-Jorge Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
-Aracelly Segura, del Partido Liberación Nacional (PLN)
-Carmen Quesada y Carlos Hernández, independientes
El argumento de Arguedas es que, en la moción que creó una vía rápida para la reforma a las pensiones judiciales, el expresidente del Congreso, Antonio Álvarez Desanti, se había comprometido a que la discusión se diera exclusivamente con base en las propuestas de los empleados.
"Que indistintamente de las reformas que sabemos hay que hacerle al proyecto, a partir de diversos insumos como los estudios de la Universidad de Costa Rica, honren el acuerdo suscrito el año pasado por una mayoría de fracciones legislativas y trabajen sobre la base del texto presentado por las organizaciones gremiales", es uno de los acuerdos que este grupo intentó consolidar.
La noche del miércoles, además de rechazar la inclusión de los huelguistas en la negociación, la Comisión Especial de Pensiones consolidó una moción para comprometerse a construir un texto nuevo, que no sea el de la Superintendencia de Pensiones (Supén), que repudian los gremios.
La segunda moción de esa noche, que fue denegada, intentaba que se instalara un equipo de trabajo con representantes de los gremios judiciales, de la Corte Suprema de Justicia y de los diputados de la Comisión de Pensiones, para hacer lo más pronto posible un texto sustitutivo, "que asegure la solvencia del fondo y la seguridad jurídica del proceso llevado a cabo por la Comisión Especial".
El acuerdo incluía que los gremios se podrían integrar al equipo de trabajo cuando se levante la huelga. Solo votaron a favor Jorge Arguedas y el liberacionista Julio Segura. Se opusieron dos legisladores del PAC, dos del PLN, uno del PUSC, uno del Libertario y uno de Renovación Costarricense.
La Comisión intenta concluir, antes del 31 de julio, la construcción de un proyecto para tapar el hueco de ¢5,3 billones detectado por un estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica (UCR), en el sistema de pensiones judiciales.
Entre las medidas que sugirió el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), están elevar de un 11% a un 15% la cotización de los funcionarios, para costear los altos beneficios de sus jubilaciones, así como exigir un aporte solidario a las pensiones más altas.
Entre lo prometido por los diputados, está tomar en cuenta los escenarios más optimistas que planteó la UCR, con rentabilidades del fondo de pensiones judiciales de entre un 3% y un 4%, pero insistieron en que la edad de jubilación se tiene que subir, de 60 a 65 años, y el periodo laboral de 30 a 35 años, con una pensión que sea aproximadamente el 72% de los últimos 24 mejores salarios, tal como recomendó la Universidad. Actualmente, reciben el 100% del promedio de los últimos 24 mejores salarios.