Barcelona. AFP. Los nacionalistas en el poder en Cataluña, enfrentados con Madrid por su desafío secesionista, dijeron ayer que seguirán su rumbo hacia un referendo de independencia, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional español que lo calificó de ilegal.
“El proceso político en Cataluña continúa”, aseguró el presidente de la región, Artur Mas, de la coalición nacionalista CiU, un día después de la sentencia.
Los independentistas de izquierda de ERC, segunda fuerza regional tras CiU, aseguraron: “No nos moveremos de nuestro compromiso de poner las urnas”.
Nadie sabe adónde llevará el pulso independentista de Mas y sus aliados, con una amplia mayoría parlamentaria en la región y sometidos a una fuerte presión ciudadana para celebrar este referendo.
Fervor popular. Satisfaciendo el fervor independentista popular, impulsado en los últimos años por una crisis económica que atizó las tensiones políticas, anunciaron hace unos meses su convocatoria para el 9 de noviembre .
La pregunta será doble: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado? ¿Quiere que este Estado sea independiente?”.
Para poner las bases a esta consulta, en enero del 2013 el Parlamento regional había aprobado una declaración de soberanía del pueblo catalán, que el martes fue anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional, en una sentencia algo ambigua.
Una región “no puede unilateralmente convocar un referendo de autodeterminación”, d ijo el tribunal, que declaró o “nulo e inconstitucional” el principio que definía a Cataluña como “un sujeto político y jurídico soberano”.
Sin embargo, reconoció “el derecho a decidir” del pueblo catalán, si se ejerce dentro de la legalidad y no se entiende como derecho a la autodeterminación.
La sentencia “abre las puertas al diálogo político, pero no da margen a la viabilidad de realizar una consulta”, opinó Xavier Arbós, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. Numerosas fueron las voces que llamaron a no desperdiciar esta oportunidad para el diálogo.
El 8 de abril, el Parlamento regional llevará al Congreso español una petición para transferir la competencia de convocar referendos al Ejecutivo catalán.
Las posibilidades de éxito son muy escasas, dada la mayoría absoluta del PP, formación del jefe de gobierno, Mariano Rajoy, quien repite incesantemente que la consulta es ilegal y no tendrá lugar.