Madrid y Barcelona. EFE, AP y AFP. El Gobierno de España alista una serie de medidas jurídicas para salir al paso de una resolución aprobada el lunes por el Parlamento de Cataluña, que dio el banderazo de salida a un proceso de secesión que debe culminar en el 2017, con la proclamación de una república.
Por votación de 72 a favor y 63 en contra, la Cámara regional ( Parlament ) dio el visto bueno a una iniciativa que plantea el inicio de un “proceso de creación del Estado catalán” que “no se supeditará a las decisiones del Estado español”.
Apenas una hora después, el presidente del Gobierno Central, Mariano Rajoy, ordenó a los servicios jurídicos preparar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).
“Ni Cataluña se va a desconectar (de España), ni se va a producir ninguna factura”, de modo que “nadie tendrá que escoger ni renunciar a su identidad española y europea”.
El Consejo de Estado, órgano consultivo, trasladará este martes un informe que servirá de base jurídica para el recurso que el Gobierno presentará el miércoles al TC.
El Gobierno de Madrid pedirá al Tribunal Constitucional la “inmediata suspensión” de la resolución que se aprobó el lunes, para que no tenga “valor ni consecuencias”.
La admisión a trámite del recurso supondría la suspensión cautelar de la resolución por un plazo máximo de cinco meses, mientras los magistrados debaten y deciden en relación con el asunto.
Rajoy advirtió de que está “decidido a utilizar todos los medios que el Estado de derecho ha puesto a disposición de la democracia para defender la propia democracia”.
En esta línea, recientemente se aprobó una reforma del Tribunal Constitucional que permite a este inhabilitar a los dirigentes que desobedezcan sus fallos.
Además, el Gobierno puede echar mano a una posible suspensión de la autonomía catalana.
Rumbo de colisión. No obstante, la resolución del Parlament explícitamente plantea hacer caso omiso a las sentencias del TC.
“Nadie puede detener la voluntad de un pueblo que avanza decididamente hacia un futuro mejor. Ninguna querella, ninguna amenaza, ningún miedo”, expresó el presidente en funciones Artur Mas, de la coalición independentista Juntos por el Sí.
El proyecto da al próximo Gobierno catalán 30 días para comenzar a trabajar en una constitución, que será sometida a votación en un referendo en el verano del 2017, así como pasos para instituir administraciones tributaria y de seguridad social.
La resolución incluye también un llamamiento a renegociar la abultada deuda pública.
“Es el desafío más grande que hemos tenido en la democracia en los últimos 30 años”, aseguró la líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, del partido centroliberal Ciudadanos, que rechaza el secesionismo. “Tiene tan poco sentido que no han sido capaces de convencer a una mayoría de catalanes”, añadió.
Los independentistas solo obtuvieron un 48% de los sufragios de las elecciones en setiembre , presentadas como un plebiscito sobre la secesión ante la oposición del Gobierno español a permitir una consulta popular en esta región mediterránea.