AFP, AP y EFE. palma de Mallorca. La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, fue imputada ayer por dos delitos fiscales y blanqueo de dinero, mientras su esposo, Iñaki Urdangarin, lo fue por siete supuestos cargos, en una indagación por presunta corrupción.
De esta forma, el juez, José Castro, instructor del caso que sacude a la familia real española, abrió la vía para que la princesa sea juzgada, solo seis días después de la proclamación de su hermano , Felipe VI, como nuevo rey.
La imputación en diciembre del 2011 del esposo de Cristina por presunta malversación, y en enero de la infanta por delito fiscal y blanqueo, provocaron un escándalo que contribuyó a hundir la popularidad del rey Juan Carlos , antes del anuncio de su abdicación el 2 de junio .
Las consecuencias del denominado “caso Nóos” son uno de los primeros problemas que debe enfrentar el nuevo rey, Felipe VI, en el trono desde el 19 de junio.
El magistrado considera que Cristina “colaboró activamente” con su esposo, sospechoso junto a un exsocio de haber malversado más de 6 millones de euros de dinero público mediante el Instituto Nóos, una sociedad sin ánimo de lucro, que presidió entre setiembre del 2003 y marzo del 2006.
“Hay sobrados indicios de que Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa”, escribió en un acta, de 167 páginas.
Alejada, como su marido, de todas las actividades oficiales de la familia real desde hace dos años y medio, Cristina , de 49 años, no estuvo presente en la proclamación de su hermano menor .
Ayer, la Casa del Rey se limitó a expresar su “pleno respeto a las decisiones judiciales”.
Al cerrar una investigación iniciada en el 2010, el juez José Castro de Palma de Mallorca decidió mantener como imputados, entre una quincena de personas, a Urdangarin y Cristina .
En su declaración el 8 de febrero, la infanta, que había aparecido serena y sonriente , afirmó no tener “nada que ver” con los negocios de Urdangarin y haber participado en Nóos y en la empresa Aizoon, considerada por el juez como una pantalla para blanqueo, porque su esposo se lo pidió y “confiaba” en él.
El fiscal anticorrupción de Palma, Pedro Horrach, y el abogado de la princesa, Miquel Roca, anunciaron ayer que recurrirán la decisión del juez que, de confirmarse, sentaría por primera vez a un miembro de la familia más cercana al rey en el banquillo de los acusados.
Los recursos implican que corresponderá a una sala de la Audiencia Provincial de Palma, integrada por varios magistrados, decidir si finalmente la infanta es procesada, lo que sería un hecho inédito en la historia de España.
Firmeza. Discreto y determinado, el juez José Castro se forjó una imagen de trabajador infatigable, pero también fue blanco de duras críticas como artífice de una investigación que podría sentar a la hermana del rey de España en el banco de los acusados.
A sus 68 años, Castro es conocido por su lenguaje directo, que utiliza por igual a los pequeños delincuentes que pasan por su juzgado de instrucción, en Palma de Mallorca, como a sus “imputados” más famosos.
Habrían bastado unos folios, pero en enero dedicó 227 páginas a fundamentar sus sospechas de fraude fiscal y blanqueo. Ayer retomó buena parte de su argumentación para ironizar sobre la difícil justificación de algunas facturas atribuidas a la sociedad Aizoon, propiedad al 50% de la infanta Cristina y su esposo.