Madrid. AFP y EFE. La Fiscalía española se opuso ayer a la imputación de la hija del rey Juan Carlos, la infanta Cristina, investigada por un juez de Palma de Mallorca, Baleares, por un presunto delito de fraude fiscal y/o blanqueo de dinero.
Según anunció el tribunal, el órgano acusador del Estado estimó que “las meras conjeturas o sospechas no constituyen elementos válidos de imputación” en el caso de la investigación de la infanta, salpicada por el escándalo de corrupción que incumbe a su marido, Iñaki Urdangarin.
La hija menor del Rey, de 48 años y sétima en la sucesión al trono de España, ya fue imputada en abril por el juez que dirige la investigación, José Castro, por tráfico de influencias pero, a raíz precisamente de un recurso presentado por la Fiscalía, se retiró la medida.
Sin embargo, a finales de mayo Castro abrió una investigación fiscal para estudiar un “posible delito contra la hacienda pública y/o de blanqueo de dinero” cometido por la hija del monarca y su esposo.
El magistrado pidió entonces “un informe sobre las cuentas corrientes que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia sea titular o aparezca como apoderada, bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que sea titular”.
Además, el 4 de noviembre el juez embargó la mitad del lujoso palacete que Cristina y Urdangarin compraron en el elegante barrio de Pedralbes, en Barcelona, donde vivía la hija del rey hasta agosto cuando se mudó a Suiza dejando a su marido en España.
El magistrado ordenó el embargo de 16 propiedades a Urdangarin y Torres por valor de 6,1 millones de euros, para cubrir la fianza de responsabilidad civil que impuso ambos el tribunal.
En el centro de la investigación se encuentra la actividad de Urdangarin como presidente del instituto Noos entre el 2004 y el 2006, una sociedad de mecenazgo fundada junto a su exsocio Diego Torres, por medio de la cual presuntamente malversaron 6,1 millones de euros públicos con contratos con la administración regional de Baleares y Valencia.
El escándalo, nacido con la imputación de Urdangarin a finales del 2011, ha lastrado hasta mínimos históricos la popularidad de la monarquía española , que también debe lidiar con los constantes problemas de salud de Juan Carlos, que la próxima semana se someterá a la novena operación quirúrgica desde mayo del 2010.