Bruselas
La Comisión Europea urgió este miércoles al gobierno polaco a "suspender" sus controvertidas reformas del sistema judicial que, a su parecer, podrían afectar "a la independencia del Poder Judicial" y al "Estado de derecho" en Polonia.
"La Comisión Europea expresa su profunda preocupación por los claros riesgos para la independencia del Poder Judicial en Polonia e insta al gobierno polaco a suspender sus nuevas leyes", indicó el ejecutivo comunitario en un comunicado.
Estas declaraciones llegan después que el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, expusiera a los comisarios europeos su evaluación sobre las recientes reformas judiciales aprobadas o en discusión en el parlamento polaco.
En concreto, el parlamento polaco, controlado por el PiS, adoptó la semana pasada una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, previendo que los parlamentarios escojan a partir de ahora a sus miembros, y otra que modifica el régimen de los tribunales de derechos común.
Y, el martes, se vio obligado a interrumpir durante la noche un acalorado debate sobre un proyecto de ley para reformar la Corte Suprema, que otorgaría más poder al ministro de Justicia polaco sobre este órgano judicial. La reanudación está prevista para este miércoles.
Estas "recientes medidas" amplifican "enormemente la amenaza al Estado de derecho en Polonia", dijo Timmermans en rueda de prensa. En este sentido, Bruselas urgió a Varsovia a retomar el diálogo con su vicepresidente.
DEL ARCHIVO: Giro autoritario en Polonia
El ejecutivo comunitario ya activó en el 2016 un procedimiento inédito por la reforma entonces del Tribunal Constitucional.
Este procedimiento, que busca defender el Estado de derecho en el país, podría desembocar en la suspensión del derecho a voto de Polonia en el seno de la UE. "La opción de activar el artículo 7 (...) formó parte de la discusión", añadió.
Polonia, gobernada por el partido nacionalista conservador Derecho y Justicia (PiS), se encuentra en el punto de mira de Bruselas desde su vuelta al poder en el 2015 por su controvertidas políticas, entre ellas su negativa a acoger a los refugiados llegados en plena crisis migratoria.