Polonia conmemoró en días recientes dos fechas significativas de su lucha por la libertad. Hace 225 años emprendió la ruta constitucional y ya pasaron 27 años desde los comicios que pusieron fin al régimen comunista.
El despotismo soviético reemplazó al yugo nazi y correspondió a los sindicatos de trabajadores independientes deponer la armazón comunista de la posguerra y apuntalar la independencia nacional con la gesta obrera encabezada por Lech Walesa en los astilleros de Gdansk.
El nuevo camino de la esperanza hoy tiende a ensombrecerse por las inclinaciones autoritarias del Partido Ley y Justicia (PiS) en el poder. En Europa hay públicos temores por la vocación del gobierno encabezado por Jaroslaw Kaczynski que, cada día más, emula la conducta del partido Fidesz del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. No en vano, el líder del PiS confesó ambicionar una “Budapest en Varsovia”.
La política exterior de Polonia sigue una línea clara de alianza con las democracias occidentales, pero al interior del país las tendencias autoritarias se traducen en una crisis que paralizó al Tribunal Constitucional, polémicas reformas a las leyes aplicables a la prensa y creciente control político de instituciones como la Fiscalía, entre otros elementos del libreto autoritario, en este caso, de extrema derecha.
El malestar cívico con el partido en el poder generó, la semana pasada, una inmensa manifestación en Varsovia donde centenares de miles de ciudadanos protestaron por los excesos antidemocráticos del partido en el poder, en especial sus maniobras para destituir y nombrar jueces.
Es notorio que el proyecto húngaro se ha erigido en una franquicia ambicionada no solo por el PiS, sino también por un amplio grupo de gobiernos de la antigua Europa Oriental.
En Hungría, Orbán se ha ido adueñando de los mecanismos fundamentales de la democracia hasta conseguir el control absoluto del poder político. Por ese sendero camina el PiS, manoseando textos constitucionales y aprobando leyes para arrancar facultades a los tribunales y someterlos a los deseos del Ejecutivo.
En su afán autoritario, la extrema derecha polaca subestimó el poder de amplísimos sectores vinculados por las redes sociales y la Internet. Al constatar el gobierno ese foco de protesta, se le antojó dictar normas para regularlo, así como a la prensa. “Lo que hace el gobierno me recuerda demasiado la época comunista. Si siguen así, van a colocar a Polonia en los márgenes de Europa”, dice un líder opositor.
Estos movimientos ya captaron la atención de los organismos europeos. Una resolución del Parlamento continental radicado en Estrasburgo llamó al gobierno encabezado por Kaczynski a respetar las resoluciones del Tribunal Constitucional e instruyó a la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, para que le dé seguimiento al caso. Polonia podría encarar sanciones, aunque ya el gobierno Húngaro manifestó su intención de brindarle respaldo.
Por su lado, altos personeros del partido gobernante se muestran desafiantes y ponen en duda la firmeza de Europa ahora que sobre ella se cierne la amenaza de un abandono británico y la crisis de la inmigración. Esos retos son reales, pero la Unión Europea no puede darse el lujo de ignorar el problema polaco, porque allí se debaten valores esenciales de la región.
En el frente interno, la competencia política apenas empieza. El PiS ganó la primera mayoría parlamentaria de un solo partido en la era poscomunista, pero la oposición es numerosa y comienza a coaligarse en torno a movimientos cívicos contrarios al autoritarismo, para bien de Polonia y de Europa.