París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió este martes a más de 200 alcaldes de localidades afectadas por los disturbios de la última semana, en busca de respuestas ante la crisis generada por la muerte de un joven baleado por la policía.
Durante el inicio de la reunión con los alcaldes, Macron expresó su “apoyo” y “reconocimiento” por la “acción” de los regidores, y afirmó: “Seré prudente al afirmar si el retorno a la calma será duradero, pero el pico que hemos observado en los últimos días ya ha pasado”.
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Este encuentro se lleva a cabo en un momento en que parece evidenciarse una disminución de la violencia. Según las autoridades, en la noche del lunes al martes se detuvo a 72 personas, se registraron daños en 24 edificios y se incendiaron 159 vehículos, pero no se reportaron agentes heridos.
Los disturbios estallaron la noche del martes pasado tras la muerte de Nahel, un joven de 17 años que fue baleado a quemarropa por un policía durante un control de tráfico en un suburbio de París. Un video capturó el trágico momento.
Desde entonces, se produjeron incendios en comisarías, escuelas y ayuntamientos, saqueos en tiendas y se lanzaron cohetes contra las fuerzas de seguridad, en respuesta a un incidente que ha reavivado el recurrente debate sobre la violencia policial.
Además, el ataque con un automóvil ocurrido durante el fin de semana en la residencia del alcalde de Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, quien pertenece a la derecha, también ha resaltado el creciente nivel de violencia al que se enfrentan los representantes públicos.
Sin embargo, el análisis de los hechos y la respuesta que se debe dar se presentan como desafiantes. Mientras que la derecha y la ultraderecha abogan por una postura más firme contra los disturbios, la oposición de izquierda también señala el polémico papel de la policía en los suburbios.
Las primeras propuestas apuntan hacia la opción más dura. Durante una visita a los agentes de policía la noche anterior, Macron abogó por la “sanción económica” de las familias de los jóvenes involucrados en los disturbios. Asimismo, el pasado viernes instó a los “padres” a mantener a sus hijos en casa.
El ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, recordó el pasado viernes a la fiscalía la “responsabilidad penal” de aquellos que no ejerzan la autoridad parental, lo cual puede conllevar penas de hasta dos años de prisión y una multa de €30.000 ($32.700).
“Si se recortan los beneficios y las ayudas sociales, se añade miseria a la miseria”, advirtió Fabien Roussel, líder del partido comunista, en una entrevista en France 2. Esta situación es especialmente preocupante, ya que los barrios donde se han producido los disturbios se encuentran entre los más pobres de Francia.
La reunión entre Macron y los más de 200 alcaldes, quienes ya comenzaron a llegar al Palacio del Elíseo, sede de la presidencia, se presenta como un momento “de terapia colectiva extremadamente doloroso”, según las palabras del alcalde de Grigny, Philippe Rio.
Para el regidor comunista de este municipio de la región parisina, la conexión se ha “roto” con las protestas sociales de los chalecos amarillos y la oposición a la reforma de las pensiones. Estos eventos han sacudido los dos mandatos consecutivos de Macron desde 2017.
Por otro lado, la derecha y la extrema derecha hacen hincapié en la “laxitud” de la justicia. Según el alcalde ultraderechista de Beaucaire, Julien Sanchez, “lo que acaba de ocurrir es un acto criminal que requiere una respuesta penal”. El alcalde de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, de tendencia derechista, expresó ideas similares.
Desde el martes pasado, se han detenido a 3.486 personas, se han incendiado 12.202 vehículos, se han dañado 1.105 edificios y 209 puestos de policía o gendarmería, según el último informe del Ministerio del Interior.
La violencia y la ira de los jóvenes de los barrios populares recuerdan los disturbios que sacudieron el país en 2005, después de la muerte por electrocución de dos adolescentes mientras huían de la policía en un suburbio de París.
La violencia en Francia, que será sede de la Copa Mundial de Rugby este año y de los Juegos Olímpicos en 2024, también ha generado preocupación en el extranjero. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó a París a abordar el “profundo” problema del “racismo” en la policía.