Bruselas. El Consejo Europeo de la UE renovó este lunes, por un período de un año, el régimen de sanciones contra funcionarios de Nicaragua a raíz de las preocupaciones por “la deteriorada situación política y social” en ese país, y condenó la represión a opositores.
Este paquete de sanciones había sido adoptado originalmente en octubre de 2019, y se concentra en seis personas a quienes el Consejo responsabiliza por violaciones de derechos humanos o abusos en la represión a la manifestaciones opositoras.
Las sanciones contemplan el congelamiento de activos que esas personas posean en Europa y restricciones al otorgamiento de visados.
“La UE (Unión Europea) permanece extremadamente preocupada con el continuado deterioro de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. La represión por parte las fuerzas de seguridad y grupos progubernamentales armados debe cesar”, manifestó el Consejo en una nota.
El gobierno de Nicaragua debe "actuar enteramente en línea con los compromisos asumidos en el acuerdo alcanzado con la oposición en marzo de 2019", señaló la nota, entre los que se destacan el restablecimiento de las garantías y derechos civiles y políticos.
El Consejo Europeo también pidió al gobierno en Managua que acuerde con la oposición un plan de "reformas electorales y políticas" con el objetivo de "garantizar la realización de elecciones creíbles, inclusivas y transparentes en 2021".
El 14 de octubre del año pasado, el Consejo había aprobado un “marco general para medidas restrictivas” que le permite seguir “un abordaje gradual y flexible” en la adopción de sanciones contra funcionarios nicaragüenses ante el deterioro de la situación política en ese país
El Consejo Europeo es una institución de la UE que define la orientación y las prioridades políticas generales del bloque comunitario. Lo integran los jefes de Estado o de Gobierno de todos los países de la UE, el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea.
El jueves, el Parlamento Europeo aprobó una resolución de condena a un proyecto de ley impulsado por el gobierno de Nicaragua sobre registro de “agentes extranjeros”.
Por su parte, el viernes el gobierno de Estados Unidos aumentó la presión sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega, al incluir en su propia lista de sancionados a la fiscala general y al secretario de la Presidencia.