Tribunal Supremo Electoral inhabilita al partido del presidente electo de Guatemala

Decisión no impide que el presidente electo, Bernardo Arévalo, asuma el poder en enero del 2024

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Ciudad de Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) inhabilitó este jueves al partido Semilla, agrupación a la que pertenece el presidente electo Bernardo Arévalo, siguiendo una orden dictada por un juez en agosto debido a supuestas irregularidades en su inscripción.

El partido fue inhabilitado el 28 de agosto por el Registro de Ciudadanos (padrón electoral) debido a una orden judicial. Esto llevó a que Arévalo denunciara un intento de “golpe de Estado” con el propósito de evitar que asuma el poder en enero de 2024.

“Lo que hizo el Registro de Ciudadanos en este caso es cumplir con la orden del juez, considerando que el proceso electoral ya concluyó”, expresó el vocero del TSE, Luis Gerardo Ramírez, a los periodistas.

Ramírez explicó que Semilla está ahora impedido de llevar a cabo cualquier actividad.

La suspensión fue ordenada por el controvertido juez Fredy Orellana a petición de la fiscalía, que llevó a cabo una campaña contra Semilla en un aparente intento de evitar que Arévalo asuma el poder.

No obstante, el portavoz destacó que el TSE “ya validó y oficializó los resultados de las elecciones”, lo que significa que las nuevas autoridades deben asumir sus cargos el 14 de enero.

Arévalo es hijo de un presidente que dejó una marca en el país y su sólida victoria sobre la candidata del continuismo, la ex primera dama Sandra Torres, se atribuye a que despertó esperanzas de cambio con su compromiso de combatir la corrupción, un problema arraigado en la nación.

La cruzada contra Semilla fue lanzada por el cuestionado fiscal Rafael Curruchiche luego de que Arévalo dio la sorpresa en la primera vuelta electoral el 25 de junio y pasó al balotaje ante Torres.

Esta persecución dio lugar a manifestaciones masivas y bloqueos de carreteras en el país durante varios días, con la demanda de la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Curruchiche y el juez Orellana.

Los tres funcionarios judiciales aparecen en una lista de Estados Unidos de individuos “corruptos”.