San Salvador. AFP. Hace mes y medio, para huir de la extorsión de las pandillas, Norma debió cerrar la panadería con que mantenía sola a sus tres hijos en una barriada de San Salvador. Ahora vive en otro barrio, donde sobrevive vendiendo cosméticos por catálogo.
Ante las elecciones presidenciales que se celebran el domingo, ella tiene el deseo de que “llegue al Gobierno alguien que acabe con esto”. “Si no pagás la renta (extorsión), te vas de tu casa o te morís”, fue la amenaza que Norma Rodríguez, de 42 años, recibió de boca de un pandillero en su casa en Mejicanos, al norte de San Salvador .
“Los de la (mara) Salvatrucha me pidieron 400 dólares de renta porque tenía la panadería y decían que yo tenía pisto (dinero), pero les expliqué casi llorando que no tenía esa cantidad y entonces un líder de ellos me obligó a que les diera lo que podía, que eran 80 dólares”, narró.
La mujer aprendió de su madre –ya fallecida– el oficio de la panadería, con el cual sostenía a sus hijos de 13, 9 y 7 años. “Cuando me rentearon (extorsionaron), sentí frío, casi me desmayo del susto”, dijo.
Según las encuestas, el principal problema de los salvadoreños es la violencia ejercida por las pandillas, y ese es uno de los retos que esperan a quien resulte electo en los comicios del domingo, o en una segunda vuelta en marzo próximo si ninguno de los candidatos alcanza el 50% más uno de los votos.
La historia de Norma no es una excepción. Omar Solano, de 52 años, quien posee una pequeña empresa de transporte colectivo en Mejicanos, también ha sido víctima de las extorsiones.
Omar paga 50 dólares semanales a la mara Salvatrucha, a cambio de que no atenten contra su vida.
“Yo les pago obligado; el bus es mi machete de trabajo”, dijo Solano, quien está convencido de que “hay que parar a esos muchachos por las buenas o por las malas”.
Las propuestas. Para afrontar el problema de las pandillas, el candidato presidencial del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, en el Gobierno), Salvador Sánchez Cerén, ha prometido programas de reinserción, pero también la aplicación de la ley para los pandilleros que continúen delinquiendo.
En tanto, el candidato de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), Norman Quijano, ha prometido mano dura contra las pandillas y se ha declarado opuesto a la tregua pactada por esos grupos desde el 2012 y que, según fuentes oficiales, ha bajado el número de muertes violentas.
En Ilopango, 11 km al este de San Salvador, la Alcaldía del lugar mantiene un programa de reinserción social para jóvenes integrantes de pandillas cuyo objetivo es motivarlos a rehabilitarse.
Luis Quinteros, de 21 años, es un pandillero del Barrio 18 que, junto a otra veintena de sus compañeros, fue contratado a pedido de la Alcaldía por una empresa constructora para pavimentar unas calles en la localidad. “Cualquier gobierno que llegue va a ser la misma onda, siempre va a haber represión contra nosotros, y lo único que quisiéramos es que nos den trabajo, así no jodemos a nadie, así de fácil”, afirmó Quinteros mientras paleaba una mezcla de concreto.
Por su trabajo, de carácter temporal, los pandilleros reciben un salario de 260 dólares al mes.
Desde marzo de 2012, las pandillas mantienen una tregua que ha permitido bajar los homicidios de un promedio de 14 a 6,8 a diario. Sin embargo, las extorsiones a pequeños empresarios y a ciudadanos en general no han cesado.