Quito. Este miércoles, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dio a conocer los ejes de una consulta popular destinada a fortalecer las sanciones contra el crimen organizado y ampliar las funciones de las fuerzas armadas en un país afectado por el narcotráfico.
“Nuestra administración cumple con la promesa de campaña de convocar a una consulta popular y construir un nuevo Ecuador, un país que combata la violencia, la impunidad y fomente la generación de empleo”, expresó Noboa en una transmisión por radio y televisión. El mandatario asumió el cargo en noviembre pasado.
Las once preguntas de la consulta popular fueron enviadas a la Corte Constitucional el día anterior, esperando su aprobación.
La mayor parte de la consulta se centra en la lucha contra el crimen organizado y las bandas criminales, que se enfrentan violentamente por las rutas del tráfico de drogas.
Entre 2018 y 2022, los asesinatos se cuadruplicaron en el país. El 2023 registró un récord con aproximadamente 7.500 homicidios y una tasa de más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
“Estamos agotados de brindar mayor protección a los delincuentes (...) por lo tanto, esta consulta exige el respaldo del sistema de justicia para que los condenados por crimen organizado enfrenten penas más severas y las cumplan”, añadió Noboa.
El presidente, con mandato hasta 2025, propone que las fuerzas armadas se involucren en la lucha contra el crimen organizado y realicen controles regulares de armas y explosivos en las carreteras.
Además, busca incrementar las penas para delitos como terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, secuestro, entre otros, y eliminar los beneficios penitenciarios para quienes sean condenados por tales crímenes.
Asimismo, aspira a que las armas decomisadas se destinen al uso de la policía y que los uniformados no sean detenidos mientras enfrentan juicio por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.
En lo que respecta al sistema de justicia, Noboa tiene la intención de evaluar a los servidores judiciales.
Finalmente, el mandatario propone reformar los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, y permitir nuevamente la operación de casinos con el objetivo de generar empleo, aunque esta medida es criticada por posibles riesgos de facilitar el lavado de dinero.
Los casinos fueron prohibidos en Ecuador en 2011 tras una consulta popular liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
El exmandatario Guillermo Lasso (2021-2023) también convocó a un referendo que incluía la extradición de ecuatorianos vinculados al crimen organizado, pero su iniciativa fracasó al obtener el “No” en todas las preguntas.