Ciudad de México. México solicitó la suspensión de Ecuador ante la ONU, en respuesta a la demanda presentada por este último ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el asalto a su embajada en Quito con el fin de capturar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
La Canciller mexicana, Alicia Bárcena, afirmó que la sanción deberá entrar en vigor “en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional”. Este anuncio fue realizado durante la formalización de la querella ante el máximo tribunal de justicia internacional de las Naciones Unidas, con sede en La Haya.
El objetivo principal de esta acción es “garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y sus nacionales”, según indicó Bárcena durante la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador. La incursión policial en la embajada ocurrió el viernes pasado con el propósito de arrestar a Glas, quien fue acusado de corrupción y recibió asilo político de México horas antes. Durante esta operación, los agentes agredieron al diplomático mexicano Roberto Canseco.
A raíz de estos acontecimientos, el Gobierno mexicano decidió romper relaciones con Ecuador y presentar la demanda ante la CIJ.
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Además, la Canciller Bárcena detalló que entre los reclamos de México se encuentra el establecimiento de un precedente para que un país como Ecuador pueda ser “expulsado, definitivamente, de la Organización de las Naciones Unidas”.
Por otro lado, el presidente López Obrador expresó su confianza en que la CIJ actúe con prontitud. “La justicia tiene que ser rápida y expedita, y tiene que garantizarse la inmunidad diplomática (...). No puede permitirse a nadie que se actúe de esa manera (...). Si no se respeta el derecho internacional va a ser el mundo de los gorilas”, enfatizó el mandatario de izquierda.
Alemania tercia
La demanda de México pasará por una fase inicial en la que se escucharán los argumentos de ambas partes, explicó Alejandro Celorio, consultor jurídico de la cancillería, durante la misma conferencia de prensa.
“Somos optimistas, el derecho internacional acoge a México”, afirmó el funcionario, quien añadió que otros países podrán intervenir durante el proceso.
“Estamos seguros que casi la totalidad de los Estados apoyan los argumentos de México porque estas son las reglas básicas de la comunidad internacional”, agregó.
La querella fue presentada un día después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) condenara “enérgicamente” el allanamiento, destacando la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y su personal.
Celorio también informó que se solicitó a la CIJ que ordene a Ecuador respetar la inviolabilidad de la embajada y garantizar su seguridad.
Por su parte, Bárcena detalló que la “violación” de la Convención de Caracas sobre asilo político por parte de Ecuador se tratará por separado, aunque no especificó las medidas. “Forma parte de otro proceso”, afirmó.
Este jueves, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania informó que está intentando comunicarse con Glas, quien también tiene nacionalidad alemana y se encuentra en huelga de hambre, según su defensa.
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Glas, de 54 años y exvicepresidente durante el mandato del presidente socialista Rafael Correa (2007-2017), fue hospitalizado durante 24 horas el lunes pasado por negarse a consumir alimentos dentro de la prisión de alta seguridad de Guayaquil, según el servicio penitenciario.
Sin embargo, Correa aseguró que fue un intento de suicidio.
El exvicepresidente, quien en 2017 reveló en un programa radial que su abuelo llegó a Ecuador huyendo del nazismo, fue condenado a ocho años de prisión por dos casos de corrupción.
En diciembre pasado, se refugió en la embajada mexicana en medio de una nueva investigación judicial por presunto peculado en el manejo de fondos para la reconstrucción de poblados costeros devastados por un terremoto en 2016, los cuales estuvieron bajo su responsabilidad.
Glas cumplió cinco años de su condena antes de ser liberado bajo libertad condicional, sujeta a la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.