Buenos Aires. El juicio contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por supuesta corrupción cuando fue mandataria (2007—2015), abrió este lunes la etapa de alegatos.
El Ministerio Público “tiene por acreditado que existió entre el 2003 y el 2015 una asociación ilícita que tuvo en la cúspide de su funcionamiento a quienes fueron jefes de Estado”, dijo el fiscal Diego Luciani, al considerar que los presuntos ilícitos comenzaron en el anterior gobierno de Néstor Kirchner (2003—2007), marido de la expresidenta y fallecido en el 2010.
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En este caso, en el que hay otros 12 involucrados, se investiga si hubo un direccionamiento en la adjudicación de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna política de los Kirchner, concedidas al empresario Lázaro Báez, y también si hubo sobreprecios.
Según el fiscal, “hubo un acuerdo para mantener una puesta en escena entre todos los involucrados” para la realización de las obras que, aseguró, generaron “inconmensurables pérdidas para el Estado” y “siguen sin terminarse”.
Sin embargo, una auditoría realizada a pedido de la justicia por Vialidad Nacional, una entidad adscrita al Ministerio de Obras Públicas, determinó que los trabajos fueron finalizados.
La Unidad de Información Financiera consideró “irresponsable avanzar en una acusación” al desestimar los argumentos de la Fiscalía sobre la existencia de los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.
El presidente argentino, Alberto Fernández, quien fue jefe de gabinete en los gobiernos de los Kirchner, declaró personalmente en la causa en febrero pasado y respaldó a la vicepresidenta al afirmar que “no hubo nunca reparto arbitrario de fondos”.
La Fiscalía expondrá los alegatos en nueve audiencias programadas para las próximas tres semanas y luego será el turno de la defensa. El juicio se inició el 21 de mayo del 2019, contó con más de un centenar de testigos y fue suspendido temporalmente en el 2020 por la pandemia de covid-19. Si llega a ser condenada, Kirchner quedará inhabilitada políticamente.
La vicepresidenta de 69 años fue sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales (2007—2015), pero aún enfrenta cinco procesos.
En octubre pasado se desestimó una causa en la que se acusaba a la exmandataria de encubrir a los responsables del atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, ocurrido en 1994 y que dejó 85 muertos y 300 heridos.