Honduras deroga ley de secretos para combatir corrupción

Al llegar al poder la mandataria Xiomara Castro prometió derogar la ley para facilitar las investigaciones del manejo de los fondos

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Tegucigalpa. El Congreso de Honduras derogó la noche del martes la ley de secretos para combatir la corrupción, una norma aprobada por el expresidente Juan Orlando Hernández cuando presidía el parlamento para ocultar información sobre el manejo de los fondos públicos.

“Día Histórico para Honduras. El Congreso Nacional deroga la nefasta ley de secretos por mayoría de votos y da un paso más para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el Legislativo en un Twitter, después de una extensa discusión.

Se “deroga una ley que fue el amparo de los que cometían actos de corrupción descarada en Honduras”, destacó el presidente del legislativo, Luis Redondo.

La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional fue aprobada por el Congreso Nacional en el 2013, presidido en ese momento por Hernández, quien después gobernó a Honduras en dos periodos entre el 2014 y el 2022.

La mandataria izquierdista Xiomara Castro, que recibió el poder el 27 de enero de Hernández (Partido Nacional, derecha), prometió derogar esa ley para facilitar las investigaciones del manejo de los fondos, para lo cual ha pedido a Naciones Unidas crear la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

Hernández, cuyo gobierno fue calificado como uno de los más corruptos de Honduras por diferentes sectores, está preso desde el 15 de febrero pedido en extradición por Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico. Según Estados Unidos, el exmandatario introdujo al menos 500 toneladas de cocaína al mercado estadounidense desde el 2004.

Su hermano menor, Juan Antonio “Tony” Hernández, fue condenado en marzo del 2021 por una corte de Nueva York por el mismo delito a cadena perpetua, sobre la base de testimonios de capos. El expresidente, que comparecerá ante el juez de extradición el 16 de marzo, rechaza los cargos y los atribuye a venganza de los capos que su gobierno extraditó.