Quito. El gobierno de Ecuador acusó el sábado al correísmo de impulsar un “golpe de Estado”, luego de que una comisión del Congreso sugiriera la destitución del presidente Guillermo Lasso, al considerar que incumplió la ley para ser candidato por tener inversiones en paraísos fiscales, hecho señalado en los “Pandora Papers”.
La comisión legsilativa de Garantías Constitucionales, con el voto de la mayoría de sus integrantes de oposición, aprobó la víspera un informe no vinculante en el que recomendó a la unicameral Asamblea Nacional que “verifique la inobservancia” por parte de Lasso de las normas que prohíben a candidatos y funcionarios tener inversiones en este tipo de destinos.
Ante ese incumplimiento, el Congreso debería aplicar un artículo constitucional que le faculta a destituirlo “por grave crisis política y conmoción interna”, según opinión de la comisión. Sin embargo, el Ejecutivo considera que la comisión “ha irrespetado el debido proceso”, así como que su actuación “carece de validez jurídica”.
Según la investigación periodística conocida como “Pandora Papers”, el mandatario, un exbanquero de derecha en el poder desde mayo, controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que Rafael Correa —principal opositor de Lasso— aprobara una ley en 2017 que prohibía a los aspirantes presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.
Lasso se ha defendido argumentando que tuvo “inversiones legítimas en otros países”, pero que se deshizo de ellas para ser candidato.
“El gobierno nacional reconoce que es la posición sectaria del grupo de asambleístas de UNES (Unión por la Esperanza), empeñados en debilitar la democracia ecuatoriana e impulsar un golpe de Estado”, afirmó el ministerio de Gobierno (Interior) en un comunicado.
UNES es, sin ser mayoría, la principal fuerza del Congreso, con 48 de los 137 escaños. Su máximo líder, el expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), quien vive en Bélgica, es considerado un prófugo de la justicia de Ecuador, donde fue sentenciado a ocho años de cárcel por cohecho.
“Quien impulsa esa desestabilización” es “quien fue condenado por cohecho”, “quien fugó del país para escapar de la cárcel”, dice el comunicado, sin mencionar directamente a Correa.
El ministerio agregó que “el gobierno hará uso de todas las herramientas legales y constitucionales para enfrentar la aventura golpista del correísmo”.
La comunicación del gobierno asegura que en la resolución de la comisión “se podría advertir sin equívocos el afán político de desestabilizar la institucionalidad democrática”. Además, criticó al foro legislativo al considerar que demostró “incapacidad operativa, técnica y ética” para analizar los “Pandora Papers”.